Para el dúo Ortega-Murillo la Nica Act es mala, malísima. La han llamado “ciega, sorda, irracional, improcedente, inoportuna, destructiva, hostil, amenaza, maliciosa; intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales”.
¿Será cierto? ¿Será así de perversa? Para responder, o evaluar en forma objetiva la malicia o bondad de esta iniciativa legal, el primer paso lógico debería ser analizar cada uno de sus objetivos manifiestos y ver si son negativos o positivos para Nicaragua.
Un objetivo malo sería aquel que, de cumplirse, dañase al país o contrariase sus principios constitucionales. Bueno sería aquel que beneficiase sus instituciones y su marco legal. Los objetivos del Nica Act son, básicamente: 1. “Realizar elecciones libres, justas y transparentes observadas por entidades nacionales e internacionales creíbles”. 2. Promover la democracia, así como “un sistema judicial y electoral independiente”. 3. Fortalecer las leyes, “respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión”. 4. Combatir la corrupción “investigando y procesando a los funcionarios gubernamentales que son acusados creíblemente de corrupción”.
¿Qué piensa usted lector de estos objetivos? ¿Alguno de ellos amenaza a nuestros derechos o forma de vida? ¿Alguno vulnera nuestra Constitución o pretende algo que ella no contempla? ¿Alguno de ellos es irracional?
Los primeros que deberían responder son los Ortega y sus cómplices. Ellos deberían de explicar cuáles de dichos objetivos o peticiones son, desde su punto de vista, malos o injustos. ¿Será porque están en desacuerdo con elecciones libres? ¿Será porque en el modelo de la Nicaragua socialista, cristiana y solidaria, no cabe que funcionen tribunales independientes? ¿Será porque consideran una amenaza para nuestros funcionarios que se investiguen y castiguen los actos de corrupción?
El orteguismo, obviamente, no contestará estas preguntas ni expondrá las verdaderas razones de su enojo. Pero su reacción negativa y vitriólica sugiere por donde andan las cosas. Están molestos porque sencillamente no quiere elecciones verdaderamente libres. No quiere independencia de poderes. No quiere que se destape la olla de su corrupción.
El segundo paso para evaluar la Nica Act es examinar sus medios. Quizás sea cuestionable que sus autores recurran a la presión para obtener sus objetivos. Pero ¿acaso Ortega cedería en algo sin presiones? ¿Acaso su celebrado acuerdo con Almagro hubiese ocurrido sin la Nica Act? ¿Acaso la vía del diálogo, patrocinada por la OEA y preferida por Amcham y Cosep, tendría alguna posibilidad de éxito sin la presión norteamericana?
La OEA, al pedir que los autores del Nica Act “reconsideren los aspectos necesarios que permitan al Gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”, está sencillamente pidiendo tiempo para que Ortega ceda, pero está lejos de considerar la Nica Act como amenaza.
La democracia, las elecciones, la independencia de los poderes, el castigo a la corrupción, no amenazan a Nicaragua ni al ciudadano común. Por el contrario, son objetivos no solo congruentes con nuestros principios constitucionales, sino que, de aplicarse, traerían mayor paz y progreso y responderían a los anhelos del pueblo.
A los únicos que amenazan las peticiones o exigencias de la Nica Act es a quienes pretenden perpetuarse en el poder a cualquier costo para el país, a quienes buscan avasallar los poderes del Estado, y a quienes temen que le saquen los trapos al sol. Claro, eso no lo pueden confesar, por eso se escudan en el gastado recurso de la soberanía nacional. Precisamente ellos; los que la entregaron sin pudor alguno a un millonario chino, y los que irrespetan la soberanía de la voluntad popular al falsear los votos.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
[email protected]
