El abogado sandinista Rafael Solís, quien está usurpando funciones de magistrado judicial, no logró su propósito de impedir, con una turba de orteguistas, que los diputados de oposición pasaran a comisión la ley que anularía el decreto presidencial 03-2010, emitido por el presidente Daniel Ortega, por medio del cual pretende, inconstitucionalmente, mantener en sus cargos de manera ilegal a una veintena de funcionarios públicos.
Solís dirigió ayer en una marcha a un grupo de trabajadores del Poder Judicial, a los cuales se sumaron jóvenes con apariencia de pandilleros, desde el Instituto de Medicina Legal (IML) hasta la Asamblea Nacional, y luego hacia el hotel Holiday Inn, donde se encontraban los diputados opositores sesionando.
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Los diputados opositores lograron, mediante el voto de 47 parlamentarios, pasar a la Comisión de Justicia la ley que anularía el decreto de Ortega.
Solís afirmó que su partido, el Frente Sandinista (FSLN), no aceptará las actuaciones de los diputados opositores realizadas en el hotel capitalino, ya que la reunión que sostuvieron los diputados opositores sólo fue una “reunión social de tragos”, y no una sesión del parlamento, puesto que no se realizó en la Asamblea ni fue convocada por su presidente, el sandinista René Núñez (la sesión había sido convocada por Núñez desde el miércoles pasado).
“Si la posición de ellos (diputados de la oposición) es seguir violando la Constitución, (todos los funcionarios a quienes se les han vencido sus períodos) nos quedamos hasta el 2012 y ya estuvo. O (los diputados de oposición) eligen los funcionarios en un proceso de negociación normal, retirando vetos absurdos, vetos que no tienen ningún sentido, y eligiendo de una sola vez los 25 funcionarios, que es la posición del Presidente y de la bancada sandinista, o seguimos en nuestros cargos todo el tiempo necesario con el respaldo que se tiene”, sentenció Solís.
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Solís reafirmó la advertencia que los sandinistas están realizando en contra de los diputados opositores, de destituirlos si no acatan la voluntad del presidente Daniel Ortega, de mantener en sus cargos a los funcionarios que tienen períodos vencidos, o de reelegirlos, especialmente al presidente del Poder Electoral, magistrado Roberto Rivas, a quien se le vence su período el primero de junio.
“Ya algunos se adelantaron en esa posición (de destituir a diputados opositores), yo preferiría esperar a que atiendan la resolución (supuesta sentencia que deja válido el decreto de Ortega), muchos diputados suplentes pueden ocupar cargos de propietarios, no habría ningún problema en el país, la Asamblea seguiría funcionando, pero espero que no se llegue a eso”, dijo.
Agregó que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo existen sanciones en contra de los diputados que no se presenten a trabajar, y la última de ellas es la destitución.
“Ya se han hecho algunas advertencias a los diputados que no quieren trabajar, hay medidas que se pueden tomar también, porque están en desacato a la Constitución Política y ahora también en desacato al Poder Judicial, es bien claro el artículo de la Constitución que dice que las sentencias del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento para el Presidente de la República, para los diputados de la Asamblea Nacional, para el Poder Electoral, para todos los nicaragüenses sin excepción. Las respetan o las hacemos respetar también”, amenazó Solís.
Desesperado por negociar
Durante las varias intervenciones que tuvo Solís en la marcha, siempre afirmó que la solución a la crisis actual es que los diputados elijan a los nuevos funcionarios y que exista una negociación entre la oposición y el partido gobernante, FSLN.
Para Solís, “negociar” significa que la oposición acepte la reelección de personas que han violado la Constitución en los últimos meses, amparadas en el decretazo de Ortega que los diputados pretenden derogar.
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Solís también se refirió como “ridícula” a la denuncia que en su contra y de Armengol Cuadra presentaron varios abogados en la Fiscalía, por usurpar funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Agregó que está seguro de que el fiscal Julio Centeno Gómez va a rechazar o archivar la denuncia por ser improcedente y que, más bien, los sandinistas acusarán a todas las personas que se niegan a acatar la Constitución y que no los reconozcan a él y a Cuadra como magistrados judiciales.
Solís señaló que hoy dará a conocer todas las quejas y suspensiones que en la Corte existen en contra de los abogados que lo denunciaron en la Fiscalía.
Aseguró también que ya el fiscal Centeno se comprometió a enviar fiscales a las audiencias de la Sala Penal, empezando el próximo lunes.
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Solís con presión baja
La marcha partió de Medicina Legal, y al llegar a la Asamblea a Solís se le bajó la presión, provocando que sus guardaespaldas crearan un cerco alrededor de él para que “agarrara aire”, dijeron.
Los encargados de la logística fueron los jueces sandinistas, entre los que sobresalían Julio César Arias, Abelardo Alvir Ramos, Felipe Jaime Sandoval, y como fotógrafa estuvo la juez Adela Cardoza. En la marcha se logró ver a algunos jueces de tendencia liberal.
La marcha se mostró pacífica en un primer momento, pero al llegar a la Asamblea se sumaron personas que no eran del Poder Judicial, entre éstas líderes del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), líderes sandinistas de los barrios y una turba de jóvenes encapuchados, quienes cargaban morteros.