Decisivo o no, 2018 se perfila, al menos, como un año en que las decisiones del gobierno repercutirán tremendamente sobre todos. Estas tanto pueden abrirle las puertas a un crecimiento más vigoroso que antes, como cerrárselas. Lo explica la existencia de un menú de sanciones que Estados Unidos podría aplicarle al país, entre ellas las asociadas a la Nica Act, y a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), para citar las de impacto más relevantes (hay más en la tubería).
Aunque los expertos discrepan respecto a qué tan negativas podrían ser estas sanciones, aun los más conservadores advierten que aumentarían el riesgo país y harían casi imposible obtener las tasas de crecimiento que son necesarias para disminuir significativamente los índices de pobreza. Esto es así por el hecho que no hay cosa que más frene las inversiones —que son el factor de mayor influencia en el crecimiento y el empleo— que la percepción que los inversionistas —extranjeros o nacionales— tengan sobre el conjunto de factores que hacen un país más o menos seguro. Una Nicaragua castigada por dichas sanciones perdería buena parte de su atractivo como destino de inversiones; quizás no al punto de causar recesión, pero sí para constituir un lastre que retrasa el navegar.
Afortunadamente, la otra realidad de este escenario es la capacidad del gobierno nicaragüense de abortar este escenario, ya que el menú de sanciones que penden sobre el país está condicionado a que sus autoridades, como bien lo expresó un editorial de El Nuevo Diario, muestre su voluntad de “reestructurar y fortalecer las instituciones públicas, hasta conseguir una democracia que genere confianza a todos los ciudadanos”.
Mostrar dicha voluntad en forma inequívoca es el reto y lo que podría cambiar al 2018, de ser un año de amenazas, a volverse un año de esperanzas. Mejoras verdaderas en la Ley Electoral, en la composición del CSE, en el poder judicial y en la aplicación de las leyes, no solo tendrían la virtud de suspender las mencionadas sanciones, sino que despejaría las incertidumbres creando un entorno que no solo mantendría los indiscutibles logros económicos acumulados, sino que los escalaría a niveles insospechados. Se generaría así una nueva atmósfera en el país donde todos saldrían gananciosos: el sector empresarial, porque aumentarían las inversiones y sus perspectivas a largo plazo; los pobres, porque verían aumentar sus ingresos y posibilidades de empleo, el gobierno, porque cosecharía el correspondiente reconocimiento y ampliaría su base de apoyo político interno y externo.
Es extraordinario el potencial de creatividad, iniciativas y emprendedurismo, que puede desatar un entorno institucionalmente sólido y estable. Lo demuestran elocuentemente los países más exitosos. Le permitiría a Nicaragua, además, capitalizar muchos de sus actuales potenciales, como el bono demográfico, su paz, y su relativa seguridad interna. El otro camino, por el contrario, haría casi inevitable las sanciones y no haría más que oscurecer el panorama, incrementar la incertidumbre y perjudicar por igual a los sectores antes mencionados; entumecería la voluntad empresarial de arriesgar capitales, llenaría de desesperanza a los pobres y a quienes buscan prosperar, y hasta podría ser caldo de cultivo de conspiraciones y violencias.
Las opciones están sobre la mesa y ambas tendrán grandes consecuencias. Conviene recordar por ello las palabras de Dios a los israelitas en Deuteronomio 30 y 27: “Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro”… “escojan pues la vida, para que vivan (en paz) ustedes y sus descendientes”. Escoger el camino correcto trae muchos bienes. Escoger el incorrecto trae muchos males.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.