La corrupción, la destrucción de la democracia, las violaciones a derechos humanos y la amistad con países que Estados Unidos considera una amenaza, entre ellos Rusia, han puesto a Daniel Ortega bajo escrutinio norteamericano.
Tres días antes de navidad del año pasado, el Departamento de Estado sancionó a uno de sus aliados, el presidente del poder electoral, Roberto Rivas, a través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a personajes acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La respuesta de Ortega fue que el Parlamento le quitara las funciones al presidente de este poder del Estado, pero le mantuvo su inmunidad y un cargo que le provee de un salario de cinco mil dólares mensuales.
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Desde hace diez años, no se ha investigado en el país ninguno de los grandes casos de corrupción publicados en los medios. Uno de los más destacados es el de Rivas, señalado públicamente de enriquecimiento, de comprar mansiones de lujo tanto en Nicaragua como en Costa Rica, así como la adquisición de jets.
La corrupción sin freno es acompañada por la destrucción de la democracia, que ha permitido el control institucional del caudillo y la inacción de las instituciones.
El 16 de enero pasado, al conocerse el caso Rivas, el contralor Luis Ángel Montenegro, presidente del ente fiscalizador, aseguró que no era competente para investigarlo.
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Congresistas y senadores estadounidenses han impulsado una ley conocida como Nica que impediría a EE.UU. votar a favor en las solicitudes de préstamos que haga Nicaragua si no hay avances en la institucionalidad y la democracia. Actualmente está en el Senado.
El tercer factor, según el sociólogo Oscar René Vargas, son las amistades con países como Rusia y Venezuela, el primero considerado una amenaza a EE.UU. y el segundo una dictadura en la región contra la que se debe asumir un compromiso democrático.
La relación militar con Rusia ha sido determinante para que los especialistas destaquen el escenario adverso que enfrenta Ortega.
La exguerrillera y política opositora, Dora María Téllez, manifestó que los negocios de Ortega con Venezuela tienen en problemas a Nicaragua.
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El investigador estadounidense Douglas Farah declaró en septiembre pasado ante un comité del Senado de Estados Unidos, que Albanisa– la empresa que canaliza la ayuda de Venezuela en el país– estaría involucrada “en una red de aliados” para lavar dinero de las FARC de Colombia.
El vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A (Albanisa) es Francisco López, tesorero de Ortega. Hasta ahora, la empresa no se ha pronunciado sobre los señalamientos. Los congresistas estadounidenses pidieron el primero de diciembre pasado al gobierno de Donald Trump sancionar a Rivas, lo que se cumplió, pero también a López.
Irrespeto a derechos
E l exdiplomático y miembro del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Mauricio Díaz, dijo que los principales errores de Ortega han sido violar los preceptos de la Constitución Política del país, los compromisos democráticos internacionales, la declaración universal de los derechos humanos.
La exguerrillera Dora María Téllez recordó que Daniel Ortega y el presidente venezolano Nicolás Maduro se han declarado aliados de las FARC en varias ocasiones. Ortega incluso entregó el 13 de enero de 1999 la Orden “Augusto C. Sandino” al líder entonces de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda.