El incendio en la Reserva Indio Maíz
Ante el incendio forestal en la Reserva Indio Maíz, iniciado el martes 3 de abril en la comunidad Siempre Viva, a 6 kilómetros de la ciudad de San Juan de Nicaragua, es razonable preguntarse: ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación?
Por eso expongo las siguientes ideas, para ayudar a que las autoridades públicas tengan mayores elementos para tomar decisiones concretas:
1. Decretar alerta de emergencia. Basado en la información que se tiene sobre el incendio y cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley No. 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, se debe de decretar alerta verde y a continuación alerta amarilla.
Esto implicaría que las instituciones del Estado y el sistema de prevención y mitigación se activen para atender el desastre.
Lo anterior incluye que los bomberos (las diversas divisiones) y el Ejército de Nicaragua puedan disponer de los medios necesarios tanto aéreos como acuáticos, incluyendo a los soldados para enfrentar el desastre.
Esto apoyaría grandemente el trabajo del personal local que está en San Juan de Nicaragua y se podría pensar en el traslado aéreo-marítimo rápido de personal que establezca una ronda en los focos de avances que tiene el incendio.
2. La coordinación nacional con los diversos actores de la sociedad civil y empresas: esto incluye a los medios de comunicación, a la población en general, a las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, con los que el sistema de prevención de desastres puede coordinar la solidaridad y aumentar su capacidad de acción con voluntarios, medios físicos aéreos (privados) y acuáticos, capacidad profesional, monitoreo y constante información a la población para sensibilizar y educar.
3. Solidaridad internacional: cuando es declarado el estado de emergencia el país tiene la posibilidad de pedir la solidaridad, primero de las instituciones que son firmante del “llamado humanitario” y luego de los países a nivel internacional.
Esto podría aumentar considerablemente las capacidades nacionales para enfrentar estos tipos de desastre y proporcionar medios físicos (helicópteros, avionetas, material aislante, etc.) acondicionados para detener el incendios, además de personal profesional.
4. Rehabilitar la protección las áreas protegidas. Este incendio es la consecuencia de la situación de desprotección de nuestras áreas protegidas, lo mejor en estos casos es la prevención, por eso es necesario rehabilitar los puestos de control y monitoreo del Marena y el Ejército, procesar legalmente a los traficantes de tierra, ganaderos e invasores dentro de zona núcleo, sanear los territorios indígenas, acompañar el trabajo de los guardabosques comunitarios, aumentar los recursos financieros y establecer un sistema de monitoreo permanente para evitar estos desastres.
Todo esto está en manos y es deber del Gobierno, salir del anonimato y enfrentar la situación de desastre causada por el incendio forestal que afecta a una de las reservas más importante de Nicaragua y pulmón de Centroamérica.
Amaru Ruiz, biólogo con mención en administración de recurso naturales.
Falsear la historia
En la edición de LA PRENSA del lunes 9 de abril, en las páginas de la sección Voces escribe el doctor Humberto Belli opinando sobre un artículo mío, publicado en marzo recién pasado, acerca de la Paz de Sapoá. Como se puede constatar, al finalizar mi artículo referente a elecciones y el servicio militar obligatorio (SMP) digo textualmente: “El gobierno sandinista, pese a este grave incumplimiento, asegura las primeras elecciones libres de Nicaragua que permiten el triunfo en febrero 1990 de doña Violeta Barrios, y así entonces poder el EPS suspender el servicio militar SMP y a la Contra su desarme total en junio”.
En mi artículo pueden ver que no digo “pudo anunciar” como falsamente afirma el doctor Belli en su artículo titulado: “La mala costumbre de falsear la historia”.
Luis Sánchez Sancho, editor de las páginas de Voces, fue protagonista de esa coyuntura histórica electoral y puede entender debidamente que lo que yo escribo al respecto es la verdad: las elecciones de 1990 le permiten al Ejército prescindir del SMP y a la Resistencia Nicaragüense desarmarse, siendo doña Violeta quien anuncia el fin del SMP.
Humberto Ortega Saavedra. General retirado, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.
Proyecto democrático de nación
Es opinión generalizada que a estas alturas del siglo veintiuno los nicaragüenses consideran que cultural, económica, social y políticamente el país debe encauzarse por la senda de la verdadera democracia. Pero, para que esas aspiraciones sean una realidad plausible, son requisitos indispensables tres cosas.
Una: rechazar todo experimento político-ideológico del pasado que solo atraso ocasionó a la nación.
Dos: la toma del poder político por la clase media para cambiar las cosas.
Tres: formular un proyecto democrático de nación que refleje las aspiraciones de todos los nicaragüenses.
Los puntos podrían ser los siguientes:
1: Proscribir constitucionalmente a todos los partidos políticos;
2: Respetar las distintas modalidades de propiedad;
3: Erradicar todo concepto socializante de ideología marxista leninista;
4: Imponer por imperio de la ley la libertad de expresión en todas sus modalidades;
5: Declarar a los departamentos del país en estados federados autónomos;
6: Cumplir con el precepto constitucional de la división e independencia de los poderes del Estado;
7: Educar a la juventud en todos los centros públicos y privados de educación en todo lo relativo a sus derechos y obligaciones cívicos;
8: Formular un proyecto democrático de nación para cinco quinquenios cuya tutela y cumplimiento del mismo esté en personas elegidas por los ciudadanos para administrar el país, independientemente de sus ideologías políticas;
9: Constituir una Asamblea Nacional en cuyo seno estén representados los estamentos religiosos, económicos, culturales y sociales elegidos mediante el sufragio universal.
10: Aplicar el mandato resolutorio: el mandatario, cumplido su periodo por el cual fue electo se retira a la vida privada.
Con el entendido de que el representante del Ejecutivo es un asalariado al servicio de la nación, cuyo emolumento mensual es pagado con los impuestos de los ciudadanos, será elegido cada cinco años para administrar y darle continuidad al proyecto democrático de nación.
En el supuesto intento arbitrario de reformar la Constitución Política del país a su favor, o de querer reelegirse, en el menos doloroso de los casos se le confiscan todos sus bienes patrimoniales sin perjuicio de otras acciones punibles en su contra.
No descarto que a los políticos este escrito no les sea de mucha gracia por razones obvias y no harán ningún intento por enriquecerlo. Y si lo intentan, pecan de sospechosos.
El contenido programático del proyecto democrático de nación no se agota. El lector patriótico está en libertad de adicionarle otros que a su juicio considere pertinentes para enrumbarnos hacia una nueva vida próspera y democracia en libertad.
Eufracio Villanueva Ugarte.