La prioridad esencial en la coyuntura que vive el país, tras la represión contra la población que dejó al menos 32 muertos por las fuerzas de seguridad, es que Daniel Ortega debe irse del poder, según la opinión de distintos sectores que lo consideran una demanda nacional.
“Ortega debe irse y el método para que sea pacífico debe ser con elecciones anticipadas y ordenadas, supervisadas nacional e internacionalmente, para que el pueblo quede contento. Los dictadores pueden eliminarse por la vía pacífica”, sostiene el compañero de lucha de Ortega, el excomandante de la revolución, Henry Ruiz.
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Sin embargo, Ruiz recomienda que antes, durante y después del anunciado diálogo, en que Ortega aceptó a la Iglesia como testigo y mediadora,, la población debe permanecer en las calles con el apoyo también del sector privado. Las protestas de la ciudadanía iniciaron, por la inconformidad en las reformas al seguro social propuestas por el ejecutivo, pero después se volvieron un clamor que pedía en todas partes del país el fin del régimen.
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“En otras palabras, nosotros tenemos que estar en la calle antes, durante y después de los resultados del diálogo y si los resultados no satisfacen las expectativas políticas del pueblo, entonces, continuaremos en la lucha hasta que se vaya el tirano”, opinó.
Ruiz aseguró que la masacre llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Ortega, en los sucesos de abril “tienen elementos de crimen de lesa humanidad”, por los cuales debe responder según otros entrevistados.
A juicio de Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, existen varios elementos graves que indican de que Ortega debe irse. Señala que el nivel de violencia y represión estatal de las fuerzas de seguridad bajo la responsabilidad de Ortega, sobrepasaron las responsabilidades institucionales de la Policía.
“De modo que todo lo que ha ocurrido está bajo la responsabilidad del presidente Ortega, en cuanto a la cantidad de jóvenes asesinados, los desaparecidos, los detenidos, los muchachos heridos y violentados. Hay una responsabilidad directa por la violencia estatal y, por ser él, la primera figura del Estado, es su responsabilidad”, señaló Cuadra.
Cuadra mencionó que la gestión de Ortega es rechazada dentro y fuera del país por amplios sectores, por estar inconformes en la forma en que ha conducido a la nación, por lo que, según Cuadra, “esto significa que este es un gobierno que no tiene legitimidad ni credibilidad para la mayoría de la población”.
“Estas son razones principales porque frente frente al nivel de barbarie de la violencia estatal, lo mínimo que un gobernante serio y responsable lo que deben hacer es dimitir”, concluyó Cuadra.
La posición de los históricos
Pese a la demanda nacional de la renuncia, los miembros históricos del FSLN, como el diputado sandinista Jacinto Suárez, han declarado que es “innegociable” la renuncia de Daniel Ortega, aunque hizo un llamado en días pasados a una reflexión crítica en las bases de su partido. “Nos toca hacer un balance crítico a los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”, dijo Suárez.
Sin embargo, la socióloga Sofía Montenegro analizó en días pasados que esta posición de los históricos del FSLN podría tener el objetivo de exculpar a Ortega para pedir la cabeza de Rosario Murillo, quien los excluyó del partido.