La vicepresidenta designada y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, dijo este martes que medio millón de nicaragüenses de todo el país han firmado una carta que será enviada a su esposo, el comandante Daniel Ortega, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir justicia para 198 personas que fallecieron desde abril, víctimas de lo que ella llama “terrorismo golpista”.
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El discurso oficial es cuestionado por las denuncias de la ciudadanía que describen lo ocurrido como una brutal represión contra las manifestaciones, que dejaron entre 322 y 448 muertos, según los organismos de derechos humanos.
“Se va hacer la primera entrega, las primeras quinientas mil firmas y vamos adelante. El pueblo pide justicia, el pueblo pide reconciliación, encuentro, unidad para salir adelante desde la justicia. Justicia y paz. Esa es la voluntad, ese es el clamor en Nicaragua y derechos humanos para todos”, sostuvo Murillo, que ha sido cuestionada por la población ante su cinismo sin límites.
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Sus declaraciones las ofreció este mediodía, a través de los medios oficialistas, en los que ha atacado a los manifestantes que piden justicia y democracia para las víctimas de la masacre.
En algún momento, Murillo los calificó como “minúsculos”, en otro “lenguas afiladas”, “vampiros que reclaman sangre”, mientras los poderes del Estado, subordinados al mandatario, se enfilaron a favor del discurso oficialista que pide justicia para policías y sandinistas, mientras el resto de fallecidos los atribuye a “muertes homicidas”.
Represión judicial
Con la gente en las calles pidiendo justicia, las portadas de los diarios han mostrado arrestos a opositores y asedio a otros que se han visto obligado a huir del país y buscar refugio en otros lugares.
El exprocurador general de la República Alberto Novoa explicó, en alusión a la recolección de firmas que la “presión popular”, que el Gobierno intenta vender, no puede variar la decisión de un juez independiente, apegado a la norma jurídica, cuando se trata de hacer justicia, en la búsqueda de encontrar a los responsables de las muertes.
Para Novoa, esa campaña del Gobierno “está politizando la justicia partidariamente”.
“Mientras no exista un sistema judicial independiente, autónomo, no puede haber justicia en Nicaragua”, lamentó Novoa.
Obligados a firmar
Trabajadores del Estado, maestros y funcionarios de las alcaldías gobernadas por el partido de gobierno han denunciado bajo condición de anonimato que fueron obligados a firmar la carta que pide justicia por las muertes de policías y militantes sandinistas, pero no menciona a las personas que han muerto por la represión policial y de los paramilitares.
La recolección de firmas oficialista comenzó el 16 de agosto. Ahora Murillo anuncia medio millón de firmas, solo el Estado registra más de 111,000 trabajadores, es decir el 22 por ciento de lo recopilado.
“Justicia es para todos”
El analista político y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann Bernheim, opinó que el Gobierno debe pedir justicia por las más de 440 personas que murieron desde el 18 abril, no solo por los policías y militantes sandinistas como pregona públicamente el oficialismo.
“La justicia debe ser para todos, no debe ser la justicia solo para incriminar a alguien de un delito que no está probado que haya sido cometido, en cambio aquí los videos han demostrado que los delitos han venido de la Policía y los paramilitares o de grupos afines al Gobierno”, dijo Tünnermann.