La cacería de manifestantes opositores al Gobierno de Daniel Ortega ya inició en Rivas. El asedio y la persecución ha provocado la salida de al menos diez jóvenes hacia Costa Rica por temor a ser secuestrados y luego acusados de terrorismo, informaron miembros del Movimiento Autoconvocado, quienes prefirieron omitir su nombre.
Esto a pesar de que Rivas ha sido la ciudad más pacífica durante las protestas iniciadas el pasado 18 de abril donde solamente se han reportado dos personas heridas de bala y una camioneta quemada por transportar paramilitares durante el desalojo del tranque del cruce El Rosario.
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El pasado viernes fue sacado de su casa el empresario turístico y concejal opositor de Tola, José Ángel Granados Centeno, y trasladado a las celdas del departamento de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, donde hasta el momento sigue detenido.
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El abogado Yarrince Vílchez fue llevado el lunes a la sede policial, donde permaneció unas cuatro horas y media, tras interrogarlo.
“Están preguntando por los dirigentes de las protestas, quién los financiaba, cuando en Rivas solo hubo un tranque, y era la misma población que les llevaba comida, bebidas y todo lo que ocupaban”, expresó uno de los autoconvocados rivenses.
Refugiados
La ciudadana Martha Mercedes Tercero Cruz dijo a LA PRENSA que tuvo que exiliarse en Costa Rica porque le indicaron que ella era la siguiente en ser capturada, pues ya tienen orden de detención en su contra.
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“Me fui porque no les voy a dar el gusto que me detengan, si yo no hice nada, más que defender una causa justa en contra de un gobierno tirano, yo no cometí ningún delito, más que no estar de acuerdo (con la actuación del gobierno) y apoyar a mi hijo como madre”, indicó Tercero, quien además acompañó a su hijo, integrante del Movimiento Estudiantil 19 de abril de Rivas, en todas las marchas de protesta, plantones y en el tranque de El Rosario.
En la isla de Ometepe las protestas fueron más fuertes que en Rivas, y como hechos violentos se reportaron la quema de la casa municipal del partido de Gobierno en el municipio de Altagracia, y dos motocicletas que fueron incineradas.
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También hubo casas apedreadas y la iglesia católica tuvo que mediar en un acuerdo con ambas partes, para que la tranquilidad regresara a Ometepe.