El exembajador de Nicaragua en Venezuela, Róger Guevara Mena, planteó este viernes que los expresidentes de los países centroamericanos podrían refrescarle la memoria a Daniel Ortega para que recuerde los acuerdos de paz que firmó en 1987, los cuales sentaron las bases para el fin de la guerra civil en Nicaragua, en los años ochenta.
Guevara mencionó a Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, y a Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, quienes fueron promotores y firmantes de esos mismos acuerdos de paz, mejor conocidos como Esquipulas II.
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Particularmente Cerezo es el secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), desde donde Guevara considera puede ayudar más.
“Los expresidentes de Centroamérica conocen desde el origen el problema (de Nicaragua), que aún no se ha terminado de solucionar, puesto que Nicaragua continúa igual que en los años ochenta, y los expresidentes pueden recordarle, con la presencia de los actuales presidentes de Centroamérica, cuál fue el compromiso, quiénes lo firmaron, por qué no se ha cumplido y en cuánto tiempo se debe cumplir”, dijo Guevara.
Acuerdos de paz
Los acuerdos de Esquipulas II contemplaron la reconciliación nacional, el diálogo, exhortación al cese de hostilidades, democratización, elecciones libres, entre otras condiciones para una “paz firme y duradera”, en momentos que la región centroamericana se encontraba convulsionada por guerras civiles.
Treinta años después, Nicaragua vive una crisis por la concentración de poder, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia con la que respondió el gobierno de Ortega a las protestas que demandan su salida del poder.
El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, declaró el pasado 18 de septiembre que está trabajando con los presidentes de la región centroamericana para restablecer el Diálogo Nacional en Nicaragua, suspendido en junio por la represión contra las protestas. Sin embargo, la amistad de Cerezo con Ortega hace dudar a algunos opositores del país, porque creen que su colaboración desde el SICA podría estar parcializada a favor del orteguismo.
Países tienen sus problemas
El exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, opinó ayer que Centroamérica no puede apoyar a Nicaragua a resolver su crisis como lo hizo en los años ochenta, “porque además de tener cada país sus propios problemas” también existe “un factor político que afecta a cada país para lograr un consenso regional”.
“Guatemala está en grave conflicto con la ONU debido a las investigaciones de corrupción. El Salvador busca replantearse ante la inminente pérdida del poder del FMLN (partido de izquierda) en las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. Y Honduras está bajo cuestionamiento por parte del zelayismo (oposición) que lo asedia”, dijo Dávila. El exdiplomático además refirió que ante “un régimen muy obcecado como el de Ortega, que no quiere abrir una negociación razonable para una salida política a la crisis” es difícil buscar soluciones diplomáticas.
“Ortega quiere participación del SICA y Centroamérica para su diálogo, pero bajo sus caprichos, y esto no se logra porque Costa Rica está firme en la búsqueda de una solución pronta a la crisis y también Panamá”, agregó.
Dávila es de la posición que la entrada en escena del SICA, a través de los “buenos oficios” del secretario general Vinicio Cerezo, tiene la intención de desplazar el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Crisis de Nicaragua en cifras
Nicaragua vive una crisis desde el pasado 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas que demandan la salida del poder de Daniel Ortega.
La represión ha provocado entre 322 y 512 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.
Ortega solo reconoce 199 muertos, a los que identifica como policías y simpatizantes de su Gobierno.
Más de 300 personas están presas por su participación en las protestas civiles, considerados presos políticos por los opositores.
La cifra de heridos por balas casi llega a los 4,000 y miles de personas están exiliadas.
La Policía Orteguista advirtió el viernes pasado que toda persona u organización que convoque a “concentraciones ilegales” responderá ante la justicia, lo que fue considerado por los críticos como la criminalización de las protestas civiles.