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El comisionado Ramón Avellán, el rostro de la brutalidad policial en Masaya y Carazo, fue uno de los invitados especiales a la sesión solemne que se celebró este sábado con motivo del cierre de la XXXIV Legislatura

Gustavo Porras justifica la matanza perpetrada por la Policía Orteguista

El presidente de la Asamblea Nacional dijo que “cuando se habla del orden y la seguridad ciudadana la Constitución le da a la Policía la facultad de mantener la seguridad ciudadana"

En una sesión solemne en la que uno de los invitados especiales fue el comisionado general de la Policía Orteguista (PO), Ramón Avellán, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, clausuró la XXXIV Legislatura, con un discurso que justificó la represión gubernamental que ha provocado más de quinientos muertos, miles de heridos y cientos de secuestrados, encarcelados y desaparecidos.

Porras también justificó la complicidad de este poder del Estado en la persecución desatada contra los Organismos No Gubernamentales (ONG) que han levantado su voz para denunciar los abusos del régimen Ortega-Murillo.

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Después de presentar a los pocos invitados orteguistas que asistieron al evento: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, acompañada de varios magistrados, el canciller Denis Moncada y representaciones de menor rango del poder electoral, el Ejército y la Policía, Porras pidió una ovación para el comisionado Avellán, señalado de liderar los ataques a los manifestantes en Masaya durante la llamada “operación limpieza” para levantar los tranques, que provocó decenas de muertos y heridos.

Luego, con una copia de la Constitución Política en la mano y mientras leía algunos de sus artículos, Porras dijo que “cuando se habla del orden y la seguridad ciudadana la Constitución le da a la Policía la facultad de mantener la seguridad ciudadana y en su ley orgánica se le dan las orientaciones que corresponden para su funcionamiento”.

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Asimismo añadió, “por eso tiene que haber, tuvo que haber una decisión política para decir a la Policía manténgase en sus instalaciones, pero la Policía está para preservar la seguridad ciudadana y yo le pido a Dios que nunca se vuelva a dar la oportunidad de que nuestra policía que asegura la vida de los niños y de las familias se vuelva a acuartelar”, dijo Porras.

Además, aseguró que los “tranques de la muerte” limitaron los derechos de todos los nicaragüenses y causaron destrucción.
Sin mencionar la injerencia del poder ejecutivo en los poderes legislativo y judicial que ha quedado en evidencia en la persecución y castigo que ha desatado Ortega contra los que exigen su salida mediante una elección anticipada, Porras admitió el trabajo conjunto de las instituciones.

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“La Constitución dice que tenemos funciones, pero que los poderes del Estado colaboramos armónicamente para que se concreten los fines que tienen que ver con la Constitución. Lo tenemos que hacer, no nos queda más que cumplir lo que nos manda el poder soberano, el pueblo de Nicaragua quiere paz, perpetuidad, quiere armonía, quiere prosperidad y a nosotros lo que nos importa es cumplir eso y hacer cumplir eso”, expresó Porras.

También alegó que no es cierto que las leyes se hicieron para violarlas, sino para cumplirlas, justificando así la anulación de las personerías jurídicas a las ONG.

Gustavo Porras durante la sesión especial que realizó la Asamblea Nacional por la clausura de la XXXIV Legislatura

Se mofa de los reclamos

Durante el discurso de clausura de la XXXIV Legislatura, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se mofó de los reclamos del periodista Carlos Fernando Chamorro ante la confiscación de sus medios de comunicación por medio de la Policía Orteguista (PO).

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“No es que hoy voy a usar un instrumento jurídico de una asociación para cometer delitos y luego salir diciendo que es una agresión al gremio de periodistas porque yo soy periodista”, dijo en alusión a los reclamos del periodista Carlos Fernando Chamorro a quien la PO le ha confiscado bienes de sus medios de comunicación, amparada en la suspensión de la personería jurídica de una ONG de la que él era directivo y que no tiene relación con dichos medio que son producidos por empresas mercantiles.

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