La organización Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció este jueves una nueva manifestación para mañana sábado 23 de marzo en Managua, lo que representa un desafío y una prueba de fuego para el régimen, quien aceptó liberar a todos los presos políticos en un plazo de noventa días.
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La manifestación será anunciada oficialmente este viernes en una conferencia de prensa, donde también se revelará el punto de encuentro de los asistentes, informaron fuentes de la Unidad Azul y Blanco.
Ana Margarita Vijil, política opositora y participante de las marchas en oposición a Daniel Ortega, dijo que no van a renunciar a sus derechos constitucionales de marchar.
Vijil aseveró que el sábado pasado quedó demostrado que “el orteguismo perdió las calles”.
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“Lo único que le queda es la represión y ni eso nos ha detenido”, afirmó. La política opositora asimismo expresó que seguirán demandando la libertad inmediata de los presos políticos y los derechos ciudadanos, principalmente la libre movilización.
La UNAB está integrada por 43 organizaciones, entre empresarios, universitarios, campesinos, activistas de derechos humanos, feministas, políticos y movimientos de todo el país.
Algunas organizaciones declararon este jueves que todavía no habían decidido participar en esta manifestación, entre estas el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participante en el Diálogo Nacional, refirió que desconocía la información sobre la marcha.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco esta misma semana convocó a un pitazo nacional, el cual tuvo significativo seguimiento en las calles. Ese día, el régimen ordenó sacar a las calles las grúas, así como incrementó las fuerzas policiales en las principales avenidas de Managua.
“Seguiremos en la calle (…) este sábado nos movilizamos por la libertad”, anunció la Unidad, a través de sus redes sociales.
Brutal represión el pasado sábado
La última marcha, realizada el sábado pasado, fue brutalmente reprimida por la Policía Orteguista. Ese día fueron detenidas 164 personas, pero el régimen se vio obligado a liberarlos la misma noche del sábado, por la presión internacional y las gestiones de los miembros de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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La Alianza Cívica se encuentra en un proceso de diálogo con representantes de la dictadura orteguista, para buscar una salida pacífica a la crisis por la represión. Pero estos encuentros han sido cuestionados por la ciudadanía en general, porque el régimen no ha detenido la represión contra las protestas civiles ni ha liberado a la totalidad de los presos políticos.
Policía prohibió protestar
El pasado 28 de septiembre la Policía Orteguista (PO) declaró ilegales las protestas ciudadanas por medio de un comunicado en el que aseguró que “responderá ante la ley la organización o persona que convoque manifestaciones ilegales”.
Al menos en cuatro ocasiones organizaciones civiles, de derechos humanos, feministas y empresarios solicitaron autorización para protestar, pero la PO negó el permiso.
Aun así, la ciudadanía se las ha ingeniado para protestar de diferentes formas: ocultando su identidad, soltando chimbombas azul y blanco en las calles, quemando llantas por la noche, llamando a sonar las bocinas de los autos a determinadas horas, pintándose los labios de rojo, entre otras.
El sábado 16 de marzo, después que la Policía volvió a negar el permiso, la gente salió a protestar a pesar del riesgo de la represión.
La crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, comenzó por la agresión a jóvenes y ancianos que salieron a protestar en todo el país contra una fallida reforma al Seguro Social. En esa ocasión simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fueron los que agredieron a los manifestantes, a la vista y paciencia de la Policía.
En los días siguientes que la gente siguió protestando, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ordenaron a la Policía y a grupos paramilitares disparar contra la ciudadanía, según testimonios de funcionarios que desertaron del Gobierno por esa orden. Entre 325 y 535 personas murieron por esta represión y más de 767 personas fueron detenidas por participar en las protestas.
Carnaval oficialista
Este mismo sábado 23 de marzo, el gobierno orteguista llevará a cabo en la capital el Carnaval Bicentenario de Managua, en la Avenida de Bolívar a Chávez.
Este evento se venía anunciando desde hace varias semanas.
La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, anunció ayer oficialmente la actividad junto al comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la Policía Orteguista. Manifestaron que “la Policía Nacional estará resguardando a pie y en patrullas la seguridad de las familias y garantizando la regulación del tránsito”, según los medios de comunicación oficialistas.