La libertad de los presos políticos y los derechos y garantías ciudadanas serán los temas a discutir este lunes en la mesa de negociación entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Asimismo, Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza Cívica, explicó que este lunes se integrarán dos delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre estos, Cristóbal Fernández, experto en temas electorales de la OEA.
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Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, también miembro propietario de Alianza Cívica, explicó al diario LA PRENSA que la libertad de los presos y las libertades ciudadanas serán temas torales en la mesa.
Este lunes también se une a la mesa de negociación el Comité Internacional de la Cruz Roja, invitado por los dos sectores de la negociación, principalmente para colaborar en la libertad de los reos de la dictadura de Daniel Ortega.
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Representantes evangélicos esperan que los llamen a negociaciones
El pastor Roberto Rojas asegura que están esperando el llamado oficial de las partes en las negociaciones para integrarse como testigos y acompañantes de la mesa. Junto a Rojas, Jorge Ulises Rivera y Adolfo Sequeira representarán al sector evangelico para participar en la mesa.
Rojas sostiene que en la mesa de negociaciones ningún tipo de temas debe ser vetado y que “este diálogo debe buscar una solución pacífica y definitiva para superar la crisis que el país vive”.
Los representantes de la pastoral evangélica señalaron que el país no puede seguir viviendo la crisis que atraviesa desde hace casi un año y que apuestan a una solución pacífica por la vía del diálogo.
Pastores evangélicos que representarán al sector evangelico en el diálogo expresaron este lunes que se debe buscar una.solución definitiva a la crisis que vive Nicaragua. @laprensa pic.twitter.com/g6B1k12SIx
— Emiliano Chamorro Mendieta (@EmilianoCHM69) March 25, 2019
Régimen se niega a hablar de elecciones adelantadas
La Alianza Cívica aseguró que en entre los temas sobre el fortalecimiento de la democracia van a poner en la mesa de negociaciones el adelanto de las elecciones, pues es un clamor de la sociedad, el Gobierno mantiene cerrada esa posibilidad.
“Nosotros no hemos planteado eso de la amnistía y de las elecciones anticipadas porque no son temas que estén dentro de la agenda acordada, por tanto no vamos a estar discutiendo y anticipándonos a cosas que no están en la agenda”, dijo a LA PRENSA, Wilfredo Navarro, diputado miembro de la de delegación del régimen orteguista.
A la dictadura no le agradó que públicamente los negociadores de la Alianza se pronunciaran sobre que rechazarían una propuesta de Ley de Amnistía, así como en que consideran indispensable que no se espere a las elecciones del 2021 para elegir un nuevo gobierno puesto que el de Ortega y Rosario Murillo no tiene capacidad de seguir gobernando.
A la presión interna se suman gobiernos a nivel internacional como los Estados Unidos, diputados del Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) los cuales han planteado a Ortega que es necesario el adelanto de los comicios.
El diputado Navarro insistió en que “sobre esos temas no hay consenso”, señalando a los miembros de la Alianza Cívica que con sus declaraciones “le están mintiendo al pueblo”.
“No queremos creer que lo hacen con mala intención cuando los de la Alianza los sacan esos temas a la luz pública cuando no son temas que no hemos debatido, pues no tienen consenso. Hablan de ellos porque están débiles en las negociaciones y por eso hay división en la oposición, pero con esa actitud dañan las negociaciones porque no son honestos con los acuerdos que se llegan”, afirmó Navarro.
Las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica se reanudaron el pasado 27 de febrero para buscar una salida a la crisis sociopolítica que afecta el país desde abril pasado. A pesar de que las conversaciones se han estancado anteriormente por el incumplimiento de los acuerdos por parte del régimen, se ha logrado la excarcelación de 150 presos políticos y el régimen se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo no mayor a 90 días.