La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe de visita a Venezuela y desnudó dos duras realidades que sufre el pueblo: una represión estatal despiadada y un estado de pobreza y privaciones que ha llevado a la muerte por hambre a muchas personas.
Así lo dijo en la presentación formal del informe sobre su visita a Venezuela, este 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
En su discurso, la alta comisionada Michelle Bachelet explicó que la crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019, y violentó derechos económicos y sociales de la población.
“A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”, dijo la alta funcionaria de Naciones Unidas.
“A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4.7 por ciento de la canasta básica de alimentos… los ingresos mensuales eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes”.
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Según Bachelet, el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.
Terror estatal y ejecuciones
Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, denunció delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que cerca de siete mil personas fueron asesinadas en casos supuestamente por “resistencia a la autoridad”, según el régimen del dictador Nicolás Maduro, durante operaciones de seguridad.
“Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela fueron erosionados”, declaró Bachelet en su informe que Caracas desestimó como un documento lleno de “errores”.
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“Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”, dijo la alta comisionada.
En el informe la alta comisionada demanda al régimen de Caracas disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite estrenado en 2017 y acusado de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y desapariciones contra la oposición y población civil.
El minucioso informe detalla que en 2018, fueron asesinadas 5,287 personas por “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, y entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1,569 personas fueron asesinadas bajo el mismo concepto, según Caracas.
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El documento señala que hasta el 31 de mayo un total de 793 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad y que, en lo que va de año, 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron privados de su inmunidad parlamentaria, entre ellos su presidente Juan Guaidó, quien desde enero intenta sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las “debilidades” del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido “desviaciones puntuales”.
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Pero la dictadura de Venezuela “rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó el funcionario del dictador.
Maduro como Ortega
Michelle Bachelet denunció el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.
El Oacnudh mantuvo 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, además de 159 reuniones.