La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los bienes y las propiedades del periodista Miguel Mora Barberena y el canal 100% Noticias han sido confiscados en el marco de un proceso penal. Además informó que el caso de la quema de Radio Darío, en León, ha sido archivado sin concluir las investigaciones sobre los paramilitares que intentaron calcinar a ocho personas dentro de la emisora.
Las inverosímiles posiciones del régimen fueron la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada en el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, EE. UU., para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana, así como a Sergio León, director de Radio La Costeñísima y familia.
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Según el documento oficial de la dictadura, no hay razones para otorgar protección especial y medidas cautelares a estas personas, entre otras cosas, porque en Nicaragua se respeta el derecho a la libertad de expresión y no hay persecución, censura, ni restricción a estos periodistas y sus medios en razón de sus oficios y funciones.
Justifican arrestos arbitrarios
Sobre las detenciones arbitrarias, secuestro y torturas a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el régimen orteguista justifica los atropellos diciendo que los citados comunicadores sociales “deliberadamente utilizaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia e involucrándose directamente en el intento fallido de golpe de Estado”, que es la excusa con la cual la dictadura intenta ocultar la comisión de delitos de lesa humanidad que han dejado un saldo de 328 asesinatos en el marco de las políticas nacionales de represión.
Cinismo de dictadores Ortega y Murillo
“Sus mensajes instigaron a grupos vandálicos y terroristas a cometer actos contra el orden constitucional y orden público”, dice el comunicado de los dictadores, que a la vez intenta “aclarar” que los secuestros y encierros en celdas de castigo a Mora y Pineda no se debió a razones de ejercer su oficio, sino por “cometer delitos tipificados y sancionados en el Código Penal de Nicaragua”.
Ante la solicitud de la CIDH de aclarar las amenazas sobre la incierta seguridad legal de Mora y Pineda, en razón de que sus causas no fueron cerradas en proceso, sino suspendidas en virtud de la orteguista Ley de Autoamnistía, la respuesta de la dictadura fue que la ley de amnistía ordena archivar las causas, ponerlos en libertad y borrar los antecedentes penales del caso.
Libres, pero no eximidos de amenaza orteguista
Y que el principio de “no repetición” que la dictadura interpreta contra los reos políticos de no volver a protestar o informar sobre la represión, les impide a Mora y Pineda volver a cometer los supuestos delitos por los cuales los dictadores ordenaron sus encarcelamientos.
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“No otorga la amnistía exención de responsabilidad penal permanente para los beneficiarios de la misma, ante nuevos hechos delictivos”, alegan los dictadores.
Sobre la ocupación y asalto policial al canal de televisión y los equipos confiscados, la dictadura justifica que una vez que el Ministerio Público orteguista ejecutó la acción penal, el también juez orteguista Henry Morales ordenó el allanamiento y secuestro preventivo de las instalaciones de la empresa televisiva, así como el retiro de la licencia de transmisión, la clausura de sus permisos de operación, congelamiento de las cuentas bancarias y otras acciones.
Sobre la devolución, los dictadores Ortega y Murillo anuncian que no regresarán los bienes confiscados a Mora: “Al respecto el estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal 100% Noticias fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico”.
Confidencial y Esta Semana
“Por otro lado, tal como se señaló anteriormente, los alcances de la ley de amnistía y sus efectos genéricos abarcan el cierre de los procesos, la libertad inmediata y cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes o instrumentos con que se realizó el delito, medidas que se enmarcan en el principio de no repetición de conductas delictivas por las cuales se ejerció la acción penal en contra de ellos”, dice el documento de la dictadura.
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Sobre el caso de Confidencial y Esta Semana, el régimen no excusa la invasión y asalto de las salas de redacción y alega que dos recursos de amparo sobre esta ocupación ilegal se encuentran en proceso en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre Radio Darío
Respecto a Radio Darío, incinerada en abril de 2018 por parapolicías del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el documento del oficialismo indica que los dos hombres que murieron intentando quemar la radio con ocho personas adentro, incluyendo al director Aníbal Toruño, eran personas que trataban de evitar que encapuchados le prendieran fuego a la emisora.
De acuerdo con la versión del régimen, Toruño se negó a brindar información sobre el hecho a la Policía Orteguista (PO), quien no obstante inició un proceso de investigación que fue cerrado administrativamente en junio del 2019 por razón de la ley de amnistía.
El caso de Sergio León y radio La Costeñísima
Respecto a Sergio León, la dictadura lo acusa de promover el “fallido golpe de Estado” y de usar la emisora para transmitir de forma deliberada y maliciosa noticias falsas y programas sesgados que promueven el odio, la violencia y la desobediencia civil, pero, “aclaran”, no han recibido denuncias oficiales de acoso, amenazas, restricciones o limitaciones a su derecho a ejercer el oficio.
Y sobre la presencia policial en las afueras de la radio, dicen que el Estado de Nicaragua a través de la PO brinda seguridad a su persona, familia y local, por ser beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Mora dijo que la postura del régimen es injusta con el canal 100% Noticias y que ellos han elevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ahí se demandará al Estado nicaragüense por graves violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales. Se viola casi toda la Constitución. No vamos a luchar, ya estamos en plena lucha”, afirmó Mora.