El preso político Oscar Danilo Rosales Sánchez fue abandonado este jueves por la Policía Orteguista (PO) en una carrera cercana al Chipote y como se negó a firmar el documento de arresto domiciliar, un oficial le dio una patada en el trasero antes de dejarlo ir.
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“Hoy dos de enero me sacan a las 6:00 de la mañana a la carretera y porque yo no le firmé el documento que era casa por cárcel, un policía me pega una patada en la parte de las nalgas”, relató el excarcelado.
El joven de 22 años, originario de Masaya, fue dejado en la carretera solo con su documento de identidad y sin ningún recurso para llegar a su casa. Rosales dijo que pidió ride en la carretera para llegar a LA PRENSA, donde hizo esta denuncia.
Rosales fue detenido el pasado domingo 29 de diciembre, en el centro comercial Metrocentro de Managua, por usar una camisa con la expresión “justicia y libertad”. El joven estuvo preso hasta este jueves en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocido como el Chipote 2.
Ya había estado preso anteriormente por participar en las protestas de Masaya. La primera vez fue arrestado por nueve meses, del 5 de septiembre de 2018 al 5 de abril de 2019, cuando fue excarcelado bajo la llamada Ley de Amnistía.
El joven contó que la ropa que le entregaron para que saliera de la cárcel no es la que usaba cuando lo detuvieron. El día que fue detenido en Metrocentro andaba comprando un regalo para su esposa y para otros familiares, pero tampoco esos objetos fueron regresados por la Policía.
El pasado lunes 30 de diciembre fueron excarcelados 91 presos políticos, bajo condición de arresto domiciliar, pero aún quedan más de 60 personas detenidas por haber participado en las protestas civiles contra el régimen de Daniel Ortega, según organizaciones civiles y de derechos humanos.
El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, del poder. Más de 328 personas murieron por la represión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y decenas han sido detenidos. Aunque varios han sido sacados de la cárcel, viven bajo asedio de la Policía y de grupos armados.