Con motivo de las sanciones a la Policía Orteguista (PO), el líder estudiantil exiliado, Gerson Snayder Suazo Báez, reiteró su demanda de que quiten el nombre de su padre, Juan José Suazo Rivera, a la delegación policial de Chichigalpa, municipio del departamento de Chinandega.
“Retiren el nombre de mi papá de un edificio en Chichigalpa que inauguraron hace cinco meses. Yo quiero decirles que la memoria de mi papá no les representa, porque mi papá fue un hombre de bien, él fue un hombre recto, él fue un hombre ético y transparente, que protegía a la ciudadanía y se esmeraba por cumplir el lema de honor, seguridad y justicia. Entregó su vida a la lucha en contra de la delincuencia y a favor de la tranquilidad del pueblo. Es por ello que hoy más que nunca, estoy pidiendo que retiren el nombre de mi papá, porque él no representa a un órgano opresor, que está tachado como grupo terrorista”, manifestó Suazo Báez, de 25 años.
Oficial Juan José Suazo Rivera
El oficial Juan José Suazo Rivera fue segundo jefe de la policía de Chichigalpa. Perteneció a las filas de la institución hasta el 2015, cuando falleció en un accidente de tránsito. La unidad policial de Chichigalpa fue inaugurada con el nombre del oficial Suazo Rivera el pasado 20 de septiembre de 2019.
Desde que Gerson conoció esa noticia, siempre ha dicho que la Policía quiere “manipular” el nombre de su padre con una instalación de las que “siembra el terror en la zona, abusando de un legado que no les pertenece”.
Autoconvocado
Suazo se exilió en Costa Rica por la persecución y el asedio que vivía en el país. Él es uno de los jóvenes que estaba siendo buscado por la Policía Orteguista (PO) por su participación en las protestas estudiantiles en la Universidad Centroamericana (UCA).
Suazo estuvo preso desde el 28 de octubre de 2018 hasta el cinco de abril del 2019, por participar en las protestas contra Ortega en Chichigalpa.
El pasado nueve de febrero se conoció que había una orden de captura contra Suazo y dos estudiantes universitarios más, acusados de supuesto robo agravado en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua. De estos tres jóvenes, quien fue capturado fue el también excarcelado político Kevin Solís, a quien el juez orteguista Celso Urbina, le dictó prisión preventiva.
Desde abril de 2018, el régimen de Ortega detiene, agrede y encarcela a quienes se manifiesten en su contra. En 2018, los presos políticos sumaron más de 700 personas, las que fueron excarceladas gradualmente en 2019, a través de una cuestionada Ley de Amnistía, aprobada por el mismo orteguismo presiones de la comunidad internacional. Sin embargo, los excarcelados son asediados por la Policía Orteguista (PO) y alguno de ellos son detenidos de nuevo.