Luego de pensarlo durante varios días, Yahely Martínez salió rumbo a la frontera. Había ingresado a Costa Rica el 21 de enero, y lo que inicialmente serían un par de semanas de vacaciones, con el estallido de la pandemia de Covid-19 se convirtieron en cuatro meses sin ver a su familia.
La joven originaria de León había desistido varias veces del intento de entrar a Nicaragua, sobre todo por las recurrentes advertencias que recibía de una amiga de su familia que trabaja en la Dirección General de Migración y Extranjería.
“Nos decía que no estaban dejando entrar a nadie. Ni siquiera a los mismos nicaragüenses”, recuerda Martínez, estudiante, de 24 años.
A mediados de mayo salió desde Puerto Limón, en el Caribe, rumbo a San José y luego se trasladó a Peñas Blancas. A medida que se iba acercando a la frontera más y más personas se amontonaban. Muchos sin mascarillas y todos a pie. En el puesto fronterizo a los nicaragüenses los separan en dos grupos: los que tenían residencia tica o habían pedido refugio y el grupo de los turistas.
El 23 de marzo la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, anunció que a los extranjeros que tuvieran residencia en ese país y que salieran del territorio tico durante la cuarentena, se les retiraría la cédula de residencia. Por aquellas fechas las autoridades costarricenses ya habían rechazado a 551 extranjeros que intentaron ingresar al país, de los cuales 112 eran nicaragüenses, según cifras del gobierno del presidente Carlos Alvarado.
En la fila donde estaba Yahely, los nicas murmuraban sobre la situación fronteriza. Decían que, si bien Costa Rica los estaba dejando salir, en Nicaragua no los estaban dejando entrar. Por aquellos días la situación entre ambos países era difícil. Por un lado, Costa Rica había tomado medidas fuertes para evitar que camioneros procedentes del resto de Centroamérica entraran al país, y por otro Nicaragua estaba “exportando” personas con síntomas de Covid-19 hacia Costa Rica.
El lunes 18 de mayo el régimen de Daniel Ortega respondió cerrando las fronteras con el país vecino del sur. Se habló en principio que este cierre era solo para camiones de carga, pero había rumores de que no se estaba dejando entrar a nadie.
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Estos rumores se confirmaron cuando Yahely llegó a la ventanilla y presentó su pasaporte. El trabajador de Migración le advirtió que era muy posible que no la dejaran ingresar a Nicaragua.
Al otro lado de la frontera, su madre la esperaba. Había salido de madrugada desde el municipio de El Viejo y estaba impaciente por la llegada de su hija.
“El muchacho de Migración me dijo que ellos me dejaban salir, pero si en Nicaragua no me dejaban entrar ya no podían recibirme de nuevo”, recuerda la joven.
Muchas personas escucharon esta advertencia, pero decidieron arriesgarse a cruzar de manera ilegal. Total, en Costa Rica ya no tenían trabajo ni cómo pagar la comida o el alquiler. “Se sufre mejor en la casa de uno”, dijo una mujer al lado de Martínez.
Muchos pagaron entre cinco mil y quince mil colones. O sea, entre ocho y 25 dólares a los coyotes para que los ayudaran a cruzar de manera ilegal a su propio país.
Por miedo a quedar en tierra de nadie, finalmente Yahely llamó a su madre y le dijo que había decidido regresarse a San José.
La prueba como pretexto
No hubo una medida por escrito que llegara a los trabajadores de Migración informando del cierre de las fronteras. Pero en los pasillos de esta institución se supo que había “una orden de arriba” para impedir la entrada de nicaragüenses procedentes del extranjero, bajo la excusa de que muchos de ellos tenían que presentar una prueba negativa de Covid-19 para poder ingresar.
Sin embargo, a finales de abril al menos 35 nicaragüenses que estaban varados en el puerto La Unión en El Salvador aseguraron haberse realizado la prueba y que todos dieron negativo, pero de todas formas el régimen de Daniel Ortega no los dejaba ingresar.
Pedro González estaba entre estas personas. Originario de Estelí, se dedicaba a cultivar la tierra en una finca en ese país, pero llevaba un mes sin trabajar y decidió volver a casa. Tras realizarse la prueba que le exigían las autoridades nicaragüenses, el Gobierno de El Salvador le emitió un permiso para salir del país.
Dos semanas antes un grupo de nicaragüenses que también venía de El Salvador logró conseguir un “salvoconducto especial” para atravesar Honduras con dirección al Guasaule. Casi llegando a la frontera fueron detenidos por las autoridades nicaragüenses en el puente que separa un país del otro. Ahí estuvieron un día entero bajo el sol esperando que les permitieran ingresar; pero cansados y en vista de que no había respuesta, por la noche muchos cruzaron por puntos ciegos y amanecieron en Nicaragua.
Al enterarse de lo ocurrido, se desconoce si por gestiones de Migración de Nicaragua o por decisión del Gobierno de Honduras, el salvoconducto quedó anulado y ahora Pedro González y el grupo de 35 nicaragüenses que también había recibido este permiso se vieron obligados a buscar la vía marítima para llegar a Nicaragua. Así fue como terminaron en el puerto La Unión.
Los primeros días durmieron en las calles y pasaron hambre, hasta que la parroquia de esta ciudad les facilitó una casa con varios cuartos y alimentación mientras esperaban una respuesta.
Estos nicaragüenses expresaron que se sentían “como abandonados” por su país. En cambio, otros nacionales sí lograron ingresar a Nicaragua, pese a no tener la prueba del Covid-19. Una fuente en Migración aseguró que antes de que todos los vuelos quedaran suspendidos en Nicaragua, llegó un vuelo con personas deportadas desde Estados Unidos.
“Venían sin la prueba y solo se les tomó la temperatura y se les pidió teléfono y dirección”, dijo la fuente consultada por DOMINGO.
“Cierre es ilegal”
Para el 19 de abril se reportaban nicaragüenses varados en Honduras, El Salvador y las Islas Caimán, entre otros países. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció el cierre de las fronteras.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo una vez más violan las normas internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución (Arto 33) al negar la entrada al país a nicaragüenses sin que exista un decreto formal”, dice el pronunciamiento, que además resalta que, aunque existiera un decreto de cierre de fronteras este no puede negar el ingreso de los ciudadanos al territorio nacional.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se pronunció al respecto, instando a los países de América Latina y del resto del mundo a que abrieran las fronteras a sus connacionales.
“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, señaló Bachelet.
Conforme pasaron los días, en la Costa Caribe se fueron haciendo más evidentes las afectaciones de esta medida del régimen.
Soraya Forbes sabe lo pesado y aburrido que puede ser la vida en un barco cuando no se tiene nada que hacer. Su sobrina, a la que no quiso nombrar por miedo a represalias políticas, lleva dos meses en una embarcación esperando a que las autoridades le permitan ingresar al territorio nacional. En esos mismos cruceros de las flotas más grandes del mundo, como la Carnival Cruises y Royal Caribbean, Soraya laboró por más de diez años.
Cuando comenzó la pandemia hasta esos lujosos cruceros que atraviesan el Caribe llegaron las noticias del Covid-19, pero casi nadie las tomaba en serio, por lo que muchos empleados siguieron trabajando como si nada.
Conforme pasaron los días y a medida que llegaban a los diferentes puertos, los empleados veían cómo cada vez más turistas se quedaban en tierra y buscaban cómo regresar a sus respectivos países. Así fue hasta que la industria decidió parar y enviar a todos sus trabajadores de regreso a sus casas. Ahí comenzó la “pesadilla” de los nicaragüenses.
Colombianos, asiáticos, jamaiquinos y demás tripulantes comenzaron a regresar a sus tierras, pero a los nicaragüenses el régimen de Daniel Ortega les daba largas. De hecho, el 17 de abril la dictadura sentó un precedente al rechazar un vuelo procedente de las Islas Caimán con repatriados nicaragüenses.
Este problema no solo perjudica a los nicas que se han quedado sin trabajo y sin dinero en un país extranjero. También afecta a las empresas navieras. Al no tener adónde enviar al personal nicaragüense, se han visto obligadas a mantener tanto al capitán del barco como a los maquinistas y mecánicos a bordo, en lugar de que estén con sus familias.
Así lo confirmó un capitán italiano de uno de estos cruceros, quien pidió discreción para evitar problemas con la naviera en la que labora. Estas embarcaciones con capacidad para albergar hasta tres mil personas, poco a poco se fueron quedando vacías por lo que era demasiado caro mantenerlas con el mínimo de personal y las compañías decidieron ir juntando a los nicaragüenses en barcos más pequeños.
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Así pues, en una pequeña embarcación cerca de las Islas Caimán, la sobrina de Soraya sigue esperando junto a más de cien nicaragüenses una señal para volver a sus hogares.
“Cuando llevan a un grupo nuevo de costeños al barco los encierran como 15 días para que hagan cuarentena. De esta forma evitan que si alguno está con coronavirus el resto se infecte”, contó la sobrina de Soraya vía mensaje de texto.
Este grupo de nicas ha corrido con suerte. La compañía les está dando alimentación y les ha informado que en cuanto tengan el permiso para ingresar a Nicaragua les pagará el billete de avión.
“Pasamos hambre”
La Islas Gran Caimán es uno de los lugares adonde han llegado a “botar” a un gran número de nicaragüenses, la mayoría procedentes de la Costa Caribe Sur.
Rody Hansack es una de estas personas. Como nunca recibió “luz verde” para ingresar a Nicaragua se quedó esperando en esta isla que está a 856 kilómetros de Bluefields.
Cuenta Rody que han pasado hambre y que se han quedado sin dinero para pagar los cuartos donde duermen, pero en su caso el dueño del apartamento donde está alojado le ha perdonado la deuda.
Raquel Willis tiene a su hija, su yerno, una hermana y tres primos trabajando en un crucero. Su hija Katia es mesera y su yerno Engell es camarero, mientras que su hermana Idalia y su primo Debon trabajan de conserjes. Desde hace un mes están sin trabajo y en altamar, muy cerca de la isla de Barbuda a más de 2,500 kilómetros de Bluefields.
Pasan el día sin mucho que hacer. Comer, salir del camarote para deambular por la embarcación es cosa de todos los días. Según Raquel, su hija le ha contado que muchos de los nicaragüenses están deprimidos y se encuentran desesperados.
“Es una pesadilla. Esos muchachos llaman que quieren venir a la casa con sus familiares, peor con esta pandemia que hay ahorita. Ellos quieren venir a cuidar a sus hijos. Ahí están que no pueden venir porque no los dejan entrar. El Gobierno los ha tenido ahí con un saco de mentiras”, dice vía telefónica Willis, de 50 años.
En ese barco hay más de un centenar de nicaragüenses. Y sus familiares han llegado a la Alcaldía de Bluefields a exigir que las autoridades hagan algo al respecto.
Lo último que les dijeron es que a partir del 11 de junio todos los que quisieran entrar a Nicaragua deberían de realizarse la prueba del Covid-19 y que, si esta resulta negativa, podrían ingresar al país.
Soraya Forbes ha criticado esta decisión argumentando que la mayoría de las personas que están varadas han hecho cuarentena y que lo más lógico sería realizarles las pruebas estando ya en Nicaragua.
“Es más seguro que las pruebas se hagan aquí. Las autoridades dejan entrar a pesqueros hondureños y de otras nacionalidades que bajan a comprar sin presentar la prueba del coronavirus y sin nada”, apuntó.
Al cierre de este reportaje Rody Hansack seguía esperando recibir información sobre cuándo y dónde se debía realizar la prueba de Covid-19. Los familiares de Raquel Willis seguían en alta mar, al igual que la sobrina de Soraya Forbes.
La noche del 11 de junio el régimen de Daniel Ortega negó el permiso de aterrizaje a un vuelo procedente de Curaçao. La compañía naviera había enviado a un médico para que realizara las pruebas de Covid-19, pero al final no valió de nada.
Yahely Martínez ingresó a Nicaragua el pasado 1 de junio. Su mamá fue a esperarla a la frontera con Costa Rica. DOMINGO intentó comunicarse con Pedro González para saber si ya estaba en Nicaragua o si seguía en El Salvador, pero su celular está apagado y tampoco recibe mensajes.
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Regados por el mundo
Carnival Cruises es la empresa de cruceros más grande de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo, en ella trabajan muchos de los nicaragüenses que siguen varados. Hasta la fecha se han reportado nicas esperando una respuesta del régimen en lugares como Curaçao, Gran Caimán, Panamá, San Andrés, México, Belice y hasta en Asia y Gran Bretaña.
El 14 de marzo ya con la alerta mundial por el avance del Covid-19, la dictadura de Daniel Ortega recibió un crucero que atracó en puerto Corinto, Chinandega. El buque Amadea, lleno de turistas extranjeros, fue recibido por niños vestidos con trajes folclóricos y sin ningún tipo de protección.
A 45 minutos
Uno de los cruceros con nicaragüenses a bordo estuvo a inicios de junio en la isla de San Andrés dejando a unos trabajadores colombianos. Una nicaragüense grabó un video en donde se quejó del silencio del régimen orteguista.
“Estamos en San Andrés, a solo 45 minutos de Corn Island y a seis horas de Bluefields, ¿por qué nosotros los nicaragüenses no podemos entrar? Qué pena y qué tristeza”, lamentó.