La Policía Orteguista (PO) presentó este lunes a los dos opositores excarcelados, Hader Humberto González Zeledón y Cristian David Meneses Machado, quienes estaban exiliados en Costa Rica y el pasado 15 de agosto fueron detenidos por el Ejército en la frontera de Nicaragua con ese país.
El pasado 21 de agosto, la PO ya había adelantado en un comunicado que González y Meneses son miembros de una agrupación delincuencial denominada “El Topo”, siguiendo el lineamiento de incriminar a los opositores de delitos comunes que no cometieron, como parte del uso represivo que le da el régimen de Daniel Ortega a la PO y a otras instituciones del Estado.
Pero más controversia provocó el mensaje del Ejército a los defensores de Derechos Humanos que pedían la exhibición personal de González y Meneses.
“Resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por esos delincuentes”, manifestó el vocero del Ejército, coronel Álvaro Rivas, refiriéndose a abogados y defensores de derechos humanos. El Ejército informó de la detención de los opositores excarcelados cinco días después de su captura.
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Duro retorno a su país
El regreso de Meneses y González a suelo nacional, se da en un contexto de crisis para los exiliados nicaragüenses en diferentes países donde se habían refugiado para huir de la represión del régimen orteguista. La pandemia del nuevo coronavirus o Covid-19 agravó las precarias condiciones de los exiliados, debido a la falta de trabajo por la imposición de cuerentenas y cierres de negocios en todos los países. Por eso los exiliados prefieren regresar al país, pero también el retorno es complicado por el autoritarismo del régimen.
Desde abril de 2018, el régimen orteguista persigue a las personas que protestan o se oponen a su gobierno. En 2018 llegó a apresar a más de 700 personas por participar en las protestas civiles, entre ellos González y Meneses, originarios de Masaya. La mayoría fueron procesadas judicialmente por narcotráfico, crimen organizado, tenencia de armas, entre otros delitos. Aunque casi todos fueron excarcelados en 2019, a través de una cuestionada Ley de Amnistía, la mayoría siguen siendo hostigados y perseguidos por la PO y por los simpatizantes del régimen.