La primera sanción de Estados Unidos contra un nicaragüense vinculado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocurrió el 21 de diciembre de 2017. Desde esa fecha, hasta el 4 de septiembre de 2020 han sancionado 21 a personas más ligadas al régimen de Daniel Ortega, entre ellos, funcionarios, instituciones, empresas, familiares y operadores económicos y políticos
Jefe del Ejército
Una de las sanciones más duras fue contra el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, el 22 de mayo de 2020. A él lo señalan de “alineado políticamente con el régimen de Ortega”. Lo culpan de “proporcionarle armas a los paraestatales para reprimir a la población”. La orden ejecutiva contra él decía “Bloqueo de propiedades de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.
Policía Nacional
El 5 de marzo de este año toda la Policía Nacional fue sancionada por el Departamento del Tesoro. Ese día también fueron sancionados tres comisionados: Juan Pastor Urbina, Juan Valle Valle y Luis Pérez Olivas. Antes, en 2018 fueron sancionados Francisco Díaz, jefe de la Policía y consuegro de Daniel Ortega, y Ramón Avellán. Todos por “ser una herramienta de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Funcionarios
Se ha sancionado a cinco ministros, entre ellos dos presidentes del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas y Lumberto Campbell; el ministro de Hacienda, Iván Acosta; el de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica Obregón, y la ministra de Salud, Sonia Castro. También fueron sancionados el director de Telcor, Orlando Castillo; Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
Empresas
Hasta el momento se ha sancionado a cuatro empresas particulares vinculadas a la familia Ortega Murillo. Las primeras fueron la empresas Zanzíbar, acusada de blanquear las transferencias de DNP, y Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat) por recibir contratos millonarios del Estado. Mientras que las últimas fueron contra Difuso Comunicaciones, administrada por Juan Carlos Ortega y Mundo Digital, que es señalada de “lavar dinero para el régimen de Ortega”. También fue sancionado Bancorp y DNP.
Familiares
Rosario Murillo es el funcionario más alto del actual régimen sancionado por Estados Unidos. Ella, además de ser la primera dama es la vicepresidenta del país. Sin embargo, no ha sido la única sancionada de la familia en el poder. Además de ella, sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos fueron puestos en esta lista de corruptos, violadores de derechos humanos e incluso se les señala de tener nexos con el narcotráfico.
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Operadores
Dentro del grupo de operadores sancionados están Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía y uno de los miembros del círculo más cercano del régimen. Luego está Néstor Moncada Lau, quien entre otros señalamientos ha sido utilizado “para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor”. Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, y José Mojica Mejía, un testaferro que “actúa como representante personal de Ortega, creando compañías fantasmas para lavar dinero y ocultar su propiedad y ganancias ilícitas”.