Imagine que lleva demasiados días apenas probando bocado y tiene mucha hambre, pero no puede ir a buscar comida a su propia parcela, donde usted mismo ha sembrado arroz y plátano, y tampoco puede pescar en un río cercano que por ley le pertenece, porque de hacerlo corre el riesgo de que lo asesinen o lo secuestren. Las personas que viven en comunidades miskitu y mayangnas de la Costa Caribe nicaragüense no tienen que imaginarlo. Lo viven todos los días.
En lo que va de 2020 diez indígenas nicaragüenses han sido asesinados por resistirse a la ocupación de sus territorios. Este año casi todos los asesinados pertenecían a comunidades mayangnas que habitan en la Reserva de Bisofera Bosawas. Se trata de ocho mayangnas y dos miskitos.
Desde 2015, año en que incrementó la invasión armada a territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, 46 miembros de comunidades ancestrales han muerto a manos de colonos armados, según cifras del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedjudhcan). La mayoría eran miskitos.
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Bajo permanente asedio
Pese a las denuncias interpuestas en instancias nacionales e internacionales, la situación solo empeora día a día. “De 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, hemos tenido denuncias de que existe una masiva invasión en casi 270”, afirma Lottie Cunningham, presidenta de Cedjuhcan y recientemente galardonada con el Premio Right Livelihood 2020, conocido como “Premio Nobel Alternativo”.
Hace poco, en septiembre, la comunidad miskita de Sagnilaya, cuarenta kilómetros al norte de Bilwi fue atacada por invasores. El día 21 dos comunitarios fueron secuestrados cuando estaban en sus parcelas y retenidos durante siete horas, señala José Coleman, abogado de los pueblos indígenas. Luego los colonos, dice, quemaron cinco casas de comunitarios. Y el viernes 2 de octubre incendiaron una más.
Desde el 3 de septiembre unas doscientas personas de esta comunidad, entre mujeres, ancianos y niños, se han desplazado a poblados vecinos o hacia Bilwi, asegura el abogado. Debido al hostigamiento constante, quienes permanecen en Sagnilaya ya no pueden acceder a sus cultivos de arroz, que en estas fechas deberían estar cosechando.
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“Como ladrones”
Cuando el hambre le gana al miedo, algunos indígenas de las comunidades miskitas más asediadas se atreven a ir sus parcelas o, toman valor, para alejarse del ruido de la comunidad y buscar pescado en el río. Pero si van al chagüital para buscar algo de plátano, deben hacerlo de madrugada y con mucho sigilo.
“Pareciera yo ladrón en mi propia tierra”, suelen quejarse, llorando, cuando son visitados por defensores de derechos indígenas.
Ya no pueden comer pescado. Ya no pueden tomar su tradicional guabul, porque escasea hasta el plátano. Muchos están sobreviviendo con un banano verde al día, lamenta Cunningham. Algunos le echan limón al bastimento que consiguen para que tenga un poco de sabor, relata Coleman.
Muchas de las comunidades indígenas miskitas en pobreza extrema se encuentran en los territorios cercanos al río Wangki o Coco, el río Waspuk y el río Wawa.
De las siete mil hectáreas que pertenecen a la comunidad de Esperanza Río Wawa, 6,400 están invadidas por colonos. Los indígenas solo tienen acceso a 600 que, encima, son las que tienen más bajo rendimiento. De una hectárea pueden sacar veinte quintales de arroz. Pero en el resto de sus tierras, las que están al otro lado del río, adonde ya no les permiten ir, podían obtener hasta 100 quintales por cada hectárea.
“Aquí solo hay arroz, frijol y algún animal que cazan, pero ya no pueden cazar”, señala Coleman. En Río Wawa están comiendo guineo cuadrado, algún banano. Plátano casi no tienen, estaban en las tierras al otro lado del río”.
Como si con invadir no fuera suficiente, “muchos colonos han metido hasta motosierra y han cortado hectáreas y hectáreas de plátano para que los indígenas no regresen”, subraya Cunningham. “Visito a las ancianas del (Caribe) Sur y cómo me lloran. Me dicen ‘las alcaldías no nos escuchan, ningún gobierno nos escucha… Cuánto quisiéramos que escucharan nuestras voces'”.
Es responsabilidad del Estado el saneamiento de los territorios indígenas y, sin embargo, es el propio Estado quien está promoviendo las invasiones, a través de la minería artesanal y la tala ilegal de árboles, dice la abogada. Por lo demás, las autoridades no escuchan, no miran, no hablan.
Mientras tanto, los invasores meten ganado y hacen construcciones con una facilidad pasmosa, prueba de que no solo se trata de campesinos con pocos recursos económicos, sino de colonos con alto poder adquisitivo.
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Masacres en Bosawas
El año comenzó con una masacre en la reserva Bosawas, territorio ancestral de los indígenas mayangnas. El 29 de enero un grupo de indígenas mayangnas de la comunidad de Alal fue atacado cuando se encontraban en el río Kun Kun, buscando pescado para la fiesta de acción de gracias de su comunidad. Los colonos asesinaron a cuatro de ellos.
Mataron a tres en el trayecto del Kun Kun a Alal y al último, el pescador Juan Emilio Devis, lo llevaron vivo y atado de manos hasta la comunidad, donde finalmente lo golpearon con palas, le dispararon con arma de fuego y lo arrojaron a la ribera del río Kaska. Durante el ataque el caserío fue incendiado y los colonos mataron a todas las vacas que encontraron.
En la comunidad hirieron a un joven llamado Will Fernández, quien recibió un impacto de la bala en la cabeza, pero tuvo fuerzas para ir a esconderse al monte, donde pasó toda la madrugada. El muchacho sobrevivió, pero a la fecha continúa paralizado de la cintura para abajo.
En marzo otros tres mayangnas fueron asesinados durante un ataque de colonos, esta vez en la comunidad de Wasakin. Y en junio Semeón Silva, de 26 años, fue abatido mientras trabajaba en su parcela, en la comunidad de Amak.
Los han asesinado por resistirse a ceder su territorio, señala Lottie Cunningham, quien dedicó el premio recibido a las comunidades indígenas que continúan resistiendo y a las personas que han ofrendado su vida en la defensa de la tierra.
“La violencia hacia nuestras comunidades ha aumentado estos últimos años. Vemos que la masacre de la comunidad indígena mayangna de Alal quedó en la impunidad”, lamenta un joven mayangna que por razones de seguridad ha solicitado se omita su nombre. “No existe una ley que haga justicia, lo que hay es impunidad”.
“Pero no nos callarán”, sostiene. “Seguimos siempre firme en la lucha y resistencia y estaremos felices cuando se haya saneado todo este problema. Nosotros como indígenas también tenemos todo el derecho a ser libres y a movernos sin tener este tipo de amenazas”.
Los mayangnas se consideran “una unidad originaria de su entorno”, como las montañas y los ríos, y, por lo tanto, inamovible. Nunca abandonarán su territorio.