A menos de 11 meses de las votaciones presidenciales, no existe ningún indicio oficial del proceso electoral que se avecina. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) solo dan la cara para eventos protocolarios y no existe ningún tipo de información sobre las elecciones en los sitios web oficiales.
La página web del CSE es un “sitio desconectado en mantenimiento”; algunas de sus redes sociales solo publican información propagandista del régimen de Daniel Ortega o tienen más de dos años sin nuevas actualizaciones.
Los magistrados que encabezan el CSE son siete propietarios y tres suplentes. Actualmente hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas en mayo de 2018, después de que fuera sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017.
Este año, los magistrados electorales aparecieron en público dos veces en su condición oficial: el 9 de enero, en la apertura de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, y el pasado 15 de diciembre, en el cierre de legislatura del Legislativo. No hablan a los medios de comunicación ni ofrecen declaraciones, pese a que el tema electoral es el pan de cada día entre los sectores opositores y más cuando se acerca un año de comicios.
Las elecciones están previstas para el domingo 7 de noviembre de 2021, por establecimiento de ley.
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Tamara Dávila, opositora miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que no se puede esperar nada de los actuales magistrados del CSE, porque solo responden a los intereses de Daniel Ortega.
“Ninguna de las instituciones públicas son libres ni independientes ni autónomas, todas son controladas por el orteguismo. Parte de eso es el problema que tenemos con Ortega, de que aquí todo ha colapsado, todo es controlado desde El Carmen”, dijo Dávila en referencia a la residencia de Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
CSE controlado por los sandinistas
El CSE de Nicaragua es una institución controlada por los miembros del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que encabeza Ortega. Cinco de los seis magistrados electorales propietarios son militantes sandinistas, leales a Ortega: Lumberto Campbell Hooker, Emmett Lang Salmerón, Judith del Socorro Silva Jaen, Norma Moreno Silva y Mayra Antonia Salinas Uriarte. Los restantes son de tendencia “liberal”, cercanos al expresidente Arnoldo Alemán, y nunca se han quejado de los fraudes electorales cometidos por los sandinistas a partir de las votaciones municipales de 2008.
El politólogo José Antonio Peraza valoró que no se puede realizar otro proceso electoral en Nicaragua con esos mismos magistrados y si se hace con ellos, significaría otro fraude electoral, como los que se han venido viendo desde 2008.
“Sería gravísimo (otro proceso electoral con los magistrados sandinistas) porque prácticamente cierra la posibilidad de un reforma electoral”, dijo el politólogo.
La oposición lleva más de 15 años demandando una reforma electoral, incluso antes de que Ortega regresara al poder en 2007, pero con más presión en los últimos dos años, cuando comenzó la represión armada ordenada por Ortega contra las protestas civiles.
Los opositores confían en que la presión externa, de países democráticos, obligue a Daniel Ortega a negociar una reforma electoral antes de mayo de 2021, que es el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero hasta ahora el régimen no ha dado ningún indicador de que ofrecerá un clima democrático en 2021.