El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó su preocupación por las acciones represivas ejecutadas y promovidas por el gobierno, respecto a las “confiscaciones de hecho” consumadas este miércoles 23 de diciembre cuando los edificios de dos medios de comunicación y de tres organismos no gubernamentales amanecieron con carteles asegurando que ahora son propiedad del Ministerio de Salud.
La entidad empresarial dijo que el gobierno ejecuta estas acciones “desconociendo el mandato constitucional vigente en nuestro país, de prohibición expresa de confiscaciones de todo tipo de bienes”.
Este 23 de diciembre, las instalaciones de 100 % Noticias, Confidencial, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Fundación Popol Nah, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) amanecieron con rótulos que dicen: “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud (Minsa)” y anunciando la construcción de casas maternas, centros para tratar adicciones y un centro de diabetología.
“Desde Cosep expresamos nuestra preocupación por el irrespeto por parte del gobierno a principios básicos de un Estado democrático de derecho, tomando decisiones políticas que violentan los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses”, afirmó la cámara gremial en un comunicado publicado este 24 de diciembre.
De la misma forma, recordó los acuerdos firmados por el gobierno en 2019, donde este se comprometió a respetar el derecho de propiedad y el debido proceso. Sin embargo no ha cumplido, recordó el Cosep, y en su lugar solo ha profundizado los problemas.
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Con esto, dijo el Cosep, el gobierno, al no establecer un proceso judicial o un proceso de expropiación legalmente tramitado, continúa provocando inseguridad jurídica e inestabilidad económica y social en el país.
Constitución prohíbe confiscaciones
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones. Pero en Nicaragua, el régimen orteguista las intenta disfrazar de forma burda, explicó el abogado y jurista José Pallais Arana.
Pallais manifestó que para que el Estado decomise una propiedad tiene que existir un juicio previo, una sentencia y una notificación al afectado.
En este caso, Miguel Mora, exdirector de 100 % Noticias, aseguró que nunca fue notificado de un proceso, resolución o sentencia que explique la apropiación estatal de la sede del medio de comunicación que dirigía.