El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este jueves 24 de diciembre que “no tolerará estas amenazas a la democracia nicaragüense” en referencia a la aprobación reciente de un combo de leyes represivas que buscan mantener reprimidos a los nicaragüenses, como la ley que inhibe las candidaturas a cargos públicos de los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Esta semana, el régimen de Ortega se aisló aún más en la región al aprobar una ley que podría prohibir efectivamente a los nicaragüenses que defienden la democracia postularse para cargos públicos en las elecciones del próximo año”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.
Para Pompeo, la implementación de esta ley “socavará aún más las instituciones y procesos democráticos al prohibir que las figuras de la oposición se presenten a las elecciones, amenazando con convertir las elecciones de 2021 en una “elección” solo de nombre”.
Además recordó que esta ley se aprobó unas semanas después de que también se aprobaran la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.
“Hemos tomado medidas, incluida la sanción de miembros de la familia de Ortega y del círculo íntimo corrupto, para incentivar al régimen de Ortega a adoptar reformas democráticas antes de las elecciones presidenciales del país programadas para el 7 de noviembre de 2021. Nuestros socios europeos y de la OEA también se han pronunciado en contra la represión del régimen de Ortega, y la UE ha impuesto sus propias sanciones”, recordó Pompeo.
En ese sentido hizo un llamado a Ortega “para que cambie de rumbo, respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permita elecciones libres y justas”. Y, en caso contrario, advirtió que Estados Unidos “no dudará en imponer más consecuencias”.
El mismo día que se aprobó esta ley, el Departamento del Tesoro sancionó al diputado Wálmaro Gutiérrez, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar García y al comisionado de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, en «un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua».
La Ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales del 2021, bajo la acusación del régimen de ser «golpistas» y por promover sanciones en contra de los funcionarios y la dictadura de Daniel Ortega, fue aprobada el lunes 21 de de diciembre de manera expedita los diputados de la Asamblea Nacional.
Menos de 24 horas después fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, y entró en vigencia para convertirse en otra otra arma jurídica del régimen para procesar penalmente a los opositores.
La Secretaría General de la OEA, presidida por Luis Almagro, expresó en un comunicado, que esta Ley es «el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al Gobierno». «Es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos», condenó el organismo.