El congresista estadounidense Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, emitió el 24 de diciembre una declaración en la que pide “una respuesta internacional unificada a los cada vez más descarados actos de autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua”.
“La comunidad internacional debe unirse para trazar una línea en la arena. Debemos hacer todo lo posible para apoyar al pueblo nicaragüense en este momento de necesidad, pero también debemos trabajar para evitar que los fondos lleguen a manos de Ortega”, manifestó el congresista republicano.
Agregó que cualquier ayuda externa y préstamos de instituciones financieras internacionales deben eludir “por completo a la criminal dictadura de Ortega. El gobierno de Estados Unidos debería trabajar más de cerca con nuestros aliados europeos y latinoamericanos para aumentar nuestras sanciones y garantizar que Ortega y sus aliados no puedan encontrar refugio seguro”.
El congresista dijo que todos los involucrados en la represión, como policías que golpean a disidentes, alcaldes que coordinen la represión, jueces que dicen sentencias “ridículas” contra un crítico del régimen son “cómplices de los crímenes” y debe rendir cuentas.
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Sires expresó en la declaración su conocimiento sobre la situación de Nicaragua, destacando la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid-19, la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, además de la crisis sociopolítica desde la represión armada de 2018.
“Mientras el pueblo nicaragüense está luchando contra una pandemia mortal y las secuelas de dos huracanes devastadores, el presidente Daniel Ortega no ha movido un dedo para ayudar. En cambio, está utilizando estas catástrofes como una cortina de humo para reforzar aún más su control del poder. Los últimos pasos de su régimen incluyen la promulgación de una nueva ley que faculta a Ortega para prohibir arbitrariamente que los políticos de la oposición se presenten en las elecciones de 2021 y utilizar la ley de ‘agentes extranjeros’ recientemente aprobada para perseguir a organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. Ortega parece creer que la atención del mundo está en otra parte y está acelerando su marcha hacia la consolidación de una dictadura de partido único en Nicaragua”, afirmó.
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En 2021 son las elecciones presidenciales de Nicaragua, pero el país entrará a este proceso sin cambios al sistema electoral, que está controlado por los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega.
Además, el régimen orteguista aprobó en los últimos meses un combo de leyes de control, censura y limitaciones para los opositores, entre estas, la Ley que prohíbe a los opositores participar como candidatos en las elecciones.
Estados Unidos y sus funcionarios encabezan las presiones contra el régimen de Ortega, para obligarlo a hacer cambios electorales que le regresen la credibilidad a las votaciones y tener la oportunidad de una salida democrática a las crisis que vive el país.
El 18 de abril de 2018 comenzó la represión armada contra protestas civiles que demandan cambios al gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Más de 300 personas murieron por esa represión, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).