El régimen de Daniel Ortega de Nicaragua decidió no ejercer la presidencia temporal del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por las diferencias que tiene este país en ese órgano que lo ha confirmado como un Estado que tiene una “ruptura del orden constitucional”.
“La Misión Permanente de Nicaragua informa que el Gobierno de la República de Nicaragua toma la decisión de no ejercer la Presidencia del Consejo Permanente debido a la ruptura del equilibrio político diplomático que padece la Organización, lo que impide el normal funcionamiento de este órgano”, expresa la misiva con fecha del 22 de diciembre de 2020, dirigida a la Secretaría General Adjunta de la OEA.
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La Presidencia del Consejo Permanente de la OEA es asumida en orden alfabético. Después de Jamaica, que asumió el último trimestre de 2020, le correspondía a México el primer trimestre de 2021, pero este país también rechazó la Presidencia bajo el argumento de que “no existen las condiciones en el seno de la organización que permitan desempeñar dicha función”.
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Luego de México seguía Nicaragua, que debía asumir del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, pero como no lo hizo, fue Panamá quien tomó el lugar. Después seguiría Paraguay.
¿Qué hay detrás de la decisión?
El exrepresentante de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, valoró que detrás de esa decisión de Nicaragua “hay una operación orquestada por los regímenes populistas de América Latina y el Caribe, para debilitar a la OEA, aprovechando la crisis por la que atraviesa el Gobierno de Estados Unidos”.
Particularmente Velásquez opinó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “le pasa la factura a (Donald) Trump y a la OEA por el enjuiciamiento del General (Salvador) Cienfuegos, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción”. Cienfuegos es el exsecretario de Defensa Nacional de México y fue absuelto este viernes 15 de enero por la Fiscalía mexicana de los cargos que Washington le había imputado.
Y en el caso de Nicaragua, “por el papel que la OEA ha jugado a partir de la crisis de 2018”, según el exdiplomático.
El opositor Félix Maradiaga manifestó que se puede tratar de “una estrategia del régimen frente a una eventual negociación con la OEA”. “Es decir, no estar atados a la presidencia del Consejo para así poder jugar un papel más duro e incluso de desconocimiento a la autoridad de la OEA”.
Una segunda razón que ve Maradiaga “es que hayan sido presionados por otros estados miembros a no aceptar”.
¿Qué significa “ruptura del balance político diplomático” que argumenta Nicaragua?
El exrepresentante de Nicaragua ante la OEA, Julio Icaza Gallar, manifestó que no hay en la Carta Democrática de la OEA ni en el reglamento del Consejo Permanente, un argumento que valide o explique el argumento expuesto en la carta enviada por el Estado de Nicaragua, en alusión a la “ruptura del balance político diplomático”.
Lo que sí se puede interpretar desde ya, según Icaza, es que la renuncia del régimen de Ortega a asumir el Consejo Permanente es una “forma de reiterar el rechazo a todos los esfuerzos realizados hasta hoy por el Consejo Permanente para buscar una solución político diplomática a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018”.
Además, Icaza dijo que se puede interpretar como “un rechazo a la resolución de la Asamblea General de octubre pasado, que estableció las condiciones electorales en que deben celebrarse los comicios previstos para noviembre de este año y que manda al secretario general apoyar las negociaciones con la oposición democrática para las reformas electorales”.
Desde 2018, el Consejo Permanente de la OEA ha aprobado resoluciones que demandan al Estado de Nicaragua a detener la represión armada contra las protestas civiles; hacer reformas al sistema electoral para que vuelvan a tener credibilidad las votaciones en Nicaragua; y que piden la liberación de los presos políticos.
Este año de elecciones generales en Nicaragua, la Asamblea General de la OEA estableció un plazo hasta mayo para que el régimen de Ortega haga cambios en el sistema electoral, según una Resolución aprobada en octubre de 2020.
El Estado de Nicaragua, a través de su representante ante la OEA, ha contestado que esas resoluciones y declaraciones de los Estados miembros que la apoyan son actos injerencistas y de irrespeto a la soberanía nacional.