El Estado de Nicaragua cumplió con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre un caso de violación sexual a una niña de entonces 8 años, perpetrado hace dos décadas.
El caso tuvo que llegar a la CorteIDH debido a que víctimas (familiares de la niña violada) no encontraron justicia en el país, una situación reiterada por el tráfico de influencia de los violadores en Nicaragua, según los críticos.
Hace más de 20 años, una madre denunció la violación sexual a su hija de 8 años por parte de su padre, en un juzgado local de Jinotega, pero la influencia del violador, que era un abogado conocido en la localidad, obstaculizó su búsqueda de justicia en Nicaragua.
Violador fue declarado inocente en Nicaragua
El 13 de abril de 2002, un jurado de conciencia dictó un veredicto de inocencia a favor del agresor sexual. Después de esto, llegó un clima de represalias que obligó a la madre y a sus tres hijos a exiliarse en Estados Unidos. Según las publicaciones informativas de la época, la madre de la víctima se fue del país, prometiendo acudir a otras instancias para lograr la nulidad del veredicto del jurado en Nicaragua.
En el exilio, un equipo de defensa pública ayudó a la familia de la víctima a denunciar la falta de respuesta del Estado de Nicaragua, para presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH elaboró un Informe de Fondo, que el Estado de Nicaragua no contestó.
En 2016, la CIDH logró someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), presentando el Informe de Fondo “ante la necesidad de obtención de justicia”. Desde entonces comenzó un proceso que duró dos años de trámites burocráticos, porque el Estado de Nicaragua (ya bajo el régimen de Ortega) contradecía los alegatos.
Caso ante la CorteIDH
El caso dirimido en la CorteIDH se basó en la “falta de respuesta estatal frente a la violación sexual cometida por un actor no estatal contra una niña, quien al momento de los hechos tenía ocho años de edad y afirmó que el responsable sería su padre, así como las alegadas afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña, particularmente por el alegado incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima, toda vez que esta habría sido gravemente revictimizada con un impacto severo en su integridad psíquica y en la de su madre y hermanos”, cita el extracto de la resolución
El 8 de marzo de 2018, la CorteIDH emitió una sentencia que ordenó al Estado de Nicaragua pagar a cada uno de los integrantes de la familia de la víctima y al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que no es nuevo que el Estado de Nicaragua deje en la impunidad casos de agresiones sexuales porque los violadores tienen influencias o relaciones cercanas con funcionarios públicos, que los ayudan a evadir su responsabilidad.
“Ya es reiterada la situación que vive Nicaragua de falta de independencia del poder judicial, el tráfico de influencia de las autoridades que se maneja y la impunidad en que se manejan históricamente los violadores que Nicaragua aparece en el banquillo de los acusados, con un récord muy negativo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “, manifestó Núñez.
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Núñez señaló que aunque el Estado de Nicaragua se ha caracterizado por atacar a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos y no cumple en totalidad sus demandas, “no puede eludir totalmente las sentencias de la Corte”.
Los alegatos de Nicaragua para evadir responsabilidad en las investigaciones que demanda la Corte, ha sido que “no pueden revisar lo que llaman cosa juzgada”.
Lo que pagó el Estado de Nicaragua
El 11 de enero del corriente año apareció publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado de Nicaragua, el Acuerdo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que autoriza el pago de 514,262.51 dólares a las víctimas, de los cuales 13,862.51 son para el pago del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, en cumplimiento a la sentencia del 8 de marzo de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).