Las reformas y adiciones a la Ley Defensa de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias (Ley 842), entran en vigencia este martes 9 de febrero, con su publicación en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua. La nueva legislación deberá ser reglamentada para su aplicación.
Estas reformas a la Ley 842 incluyen mecanismos de presión contra las empresas prestadoras de servicios, con énfasis contra los bancos, microfinancieras, financieras, bolsas de valores y otras.
Según los críticos, la legislación pretende —entre otras cosas— sancionar a los bancos y proveedores que le nieguen o cancelen los bienes y servicios a un cliente, sin una causa que esté sustentada en una ley nacional. Algunos opositores han llegado a afirmar que esta ley significa la destrucción de la economía, porque implica incidir en las decisiones de la banca privada.
“Esta iniciativa de Ley, compromete la actividad bancaria y la prestación de servicios financieros al pueblo nicaragüense, afectando a los bancos en su rol como agentes económicos involucrados en el desarrollo del país, al trasgredir el principio de autonomía de la voluntad de los contratos, ya que impide a los bancos que elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales y decidir cuándo cancelar una relación bancaria, afectando así el derecho de los bancos privados de Nicaragua de manejar su riesgo crediticio, operativo y reputacional conforme los estándares internacionales”, manifestó en una entrevista a LA PRENSA el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello.
Arguello señaló que la mayor preocupación para los bancos es la dependencia de las relaciones con organismos financieros internacionales para una gran parte de la prestación de los servicios al público.
“Los bancos corresponsales extranjeros hacen posible el comercio internacional, sin los cuales el país no podría importar y exportar bienes y servicios, ni recibir remesas del extranjero. Las líneas de crédito del exterior son el complemento a los depósitos que nos permiten ofrecer una variedad de financiamientos a los clientes de los bancos y las marcas internacionales de tarjetas de crédito y débito, nos permiten disponer de un medio de pago eficiente entre consumidores y comercios a nivel local e internacionalmente”, agregó el banquero.
Sancionados
Otros críticos también han advertido que la nueva ley puede ser usada para obligar a los bancos a volver a manejar el dinero del grupo de sancionados, entonces se violarían las leyes internacionales en cuanto a lavado de dinero que impide a la banca nicaragüense tener relación con persona o empresa señalada de realizar este tipo prácticas corruptas.
Al menos 25 familiares y funcionarios del gobierno de Ortega han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos su esposa y cogobernante, Rosario Murillo; tres de sus hijos; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el ministro de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Y también ocho entidades e instituciones bajo el control del orteguismo, entre estas la Policía Nacional, Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), Difuso Comunicaciones S.A, entre otras.
Las sanciones implican bloqueo de activos, prohibición de transacciones en el Sistema Financiero de Estados Unidos o bajo su jurisdicción; bloqueo de propiedades o intereses en una propiedad, y negación o revocación de visados. Los afectados son declarados en “muerte financiera”, debido a que no pueden ni sacar un crédito debido al bloqueo.
Los cambios también supondrían un roce con la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN), debido a que los diputados sandinistas convierten al BCN en el ente regulador de las empresas de remesas, una función que no es parte de la entidad rectora de la política económica y monetaria del país.
Las reformas fueron aprobadas el pasado 3 de febrero por los diputados de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, una institución controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.