La juez orteguista Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Juicio, condenó a 20 y 27 años de prisión a cinco campesinos presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, y tenencia y uso de armas restringidas y municiones.
Los campesinos son originarios del municipio de Acoyapa, del departamento de Chontales y del municipio de Río San Juan. Los condenados son: Pablo Emilio Téllez, de 48 años y su hijo Jadder Modesto Téllez, de 27; Augusto Ezequiel Calero Lazo, de 26; Juan Agustín Barilla Chavarría, de 29, y Julio César Pineda Izaguirre, de 33.
Cardoza, cuya lealtad fue premiada por la dictadura de Daniel Ortega al ser nombrada magistrada del Tribunal de Apelaciones de Masaya, condenó a 27 años de cárcel a Calero Lazo y Barilla Chavarría, más 1,300 días multa, que equivalen a 81,107 córdobas, mientras que a Pablo Téllez y su hijo Jadder los condenó a 20 años y 900 días multa, que equivalen a 56,151 córdobas. Pineda Izaguirre fue condenado a una pena de prisión de 19 años y 800 días multa, que equivalen a 49,912 córdobas, ya que a este solo se le vinculó al tráfico de estupefacientes.
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Huyeron de la represión
“En el caso de Pablo Téllez y su hijo Jadder, ellos protestaron contra el Gobierno y estuvieron en los tranques, por eso tuvieron que huir y se refugiaron en Costa Rica donde estuvieron trabajando desde hace dos años y ahora viene la Policía y dice que ellos junto a los otros acusados pertenecen a una banda denominada El Halcón, a la cual le venían dando seguimiento desde hace aproximadamente un año. En juicio comprobamos que ellos estuvieron trabajando en Costa Rica a través de cartas de trabajo emitidas por sus empleadores, entonces ¿cómo van a andar delinquiendo aquí si estaban trabajando allá? Es algo inverosímil”, cuestionó María Oviedo, abogada de los campesinos por parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La abogada criticó que el fiscal Carlos Espinoza Castilla en el juicio utilizó a cinco oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para declarar en contra de sus defendidos, pero que ninguno de ellos está asignado a Chontales. “Incluso los policías del lugar ni conocen a los procesados y un testigo denominado Código 1 habló sobre que los presos políticos tienen antecedentes delictivos, pero no presentó documentos que probaran eso”, aseveró.
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Sobre el joven Calero Lazo, Oviedo dijo llamarle la atención la forma en que lo involucraron con el caso, ya que “este no anduvo ni en marchas contra el Gobierno, ni nada de eso, él cuenta que lo capturan solo porque estaba en el lugar donde estaban los otros detenidos y la Policía sin reparo se lo llevó preso”. Agregó que apelará la sentencia de primera instancia ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua en busca de justicia para los campesinos.