El régimen de Daniel Ortega está reactivando el funcionamiento de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) con proyectos de construcción de plazas comerciales, edificios y otros inmuebles, lo que llama la atención de los críticos debido a que el país lleva tres años de crisis económica. Su página web recién actualizada, reporta que están rentando locales y legalizando fincas.
Sin embargo, la mayor duda de la investigadora y experta en contrataciones, Dayra Valle, es qué empresas privadas están ejecutando estos proyectos, si gobierno orteguista rompió su alianza con el sector privado en 2018. Valle dijo que lo más probable es que las empresas que están ejecutando esas obras sean del mismo partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Se supone que el objetivo de la Cornap está enlazado a crear estos proyectos, siendo un enlace entre el sector público y el sector privado, pero el punto sería qué sector privado. Y esa es mi preocupación, porque no creo que estén trabajando de la mano con cualquier empresa del sector construcción, y probablemente estén trabajando con empresas asociadas al partido, porque entonces adjudicando las obras de infraestructura probablemente sin utilizar los mejores criterios que abonan a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la libre competencia, a la transparencia y a la publicidad de este tipo de adjudicaciones”, dijo Valle.
La Cornap es un institución creada durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), con el objetivo de servir como puente entre el sector público y el sector privado, para ejecutar proyectos de inversión nacional. Sin embargo, desde que regresó al poder Ortega en 2007 poco se ha visto funcionar.
Aparentemente, el proceso de reactivación de la Cornap se viene poniendo en práctica desde el 2018. La investigadora Valle señaló que el año pasado esa institución realizó 16 procedimientos de compras para adquisición de materiales de oficina y equipos informáticos como para el funcionamiento de una oficina; también reparaciones menores en bodegas de la Cornap, lo que confirma que están activando sus funciones. En 2018 y 2019 también se registraron movimientos parecidos de compras de materiales de oficina y uniformes.
Este año, la Cornap reportó proyectos de infraestructura, edificios, plazas comerciales en Managua, Sébaco (Matagalpa), Jinopete (Carazo) pese al contexto de crisis económica que vive el país desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas civiles que fueron reprimidas de forma brutal por la fuerza policial.
“Esta institución había quedado como en el olvido y ahora se mira como que está más activada con varios proyectos de infraestructura, sabiendo que el sector construcción en general está caído y el sector infraestructura verticales mucho más también, porque en este contexto de crisis no hay una reactivación económica, por ende hay poco movimiento de arrendamiento y lo que vemos es que está institución está teniendo varios proyectos de infraestructura inmobiliaria para alquiler. Mi gran pregunta es por qué en tiempo de crisis estamos construyendo inmuebles con recursos públicos aún sabiendo que estamos en un período de crisis económica y el sector comercio no está activado ni a la mitad”, manifestó Valle.
Convenientemente, la Cornap tiene activa una concesión a la empresa privada de cemento Cemex, que consiste en el arrendamiento por el alquiler de la Cementera Nacional.
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En 2017, se reportaba un creciendo de la producción de cemento en Nicaragua, impulsada principalmente por el dinamismo en la inversión pública, según declaraciones en ese momento de representantes productores de ese material de construcción.
En el actual contexto de crisis económica y de ruptura de la alianza público-privada, Valle se pregunta con qué sector privado está ejecutando estos proyectos la Cornap, si Ortega rompió su acuerdo con el sector privado desde 2018, debido a una reforma a la Seguridad Social inconsulta. Valle también señaló la falta de transparencia en la ejecución de estos proyectos.
Ingresos se duplican
De acuerdo al documento de Operaciones Consolidadas de la Cornap, indicado en el Anexo II del Presupuesto General de la República 2021, los ingresos presupuestados se duplicaron al pasar de 110.4 millones en 2019 a 225.7 millones según el Presupuesto programado para este año.
De igual manera los gastos muestran un incremento, pasaron de 139.4 millones en 2019 a 217 millones de córdobas en el presupuesto programado 2021, de acuerdo a los datos que forman parte del anexo que incluyen el Presupuesto de los Órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones, Entidades Descentralizadas Territoriales, Empresas del Estado e Instituciones Financieras del Estado y Otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la República.
Otra señal de la importancia que le está dando Ortega ahora a la Cornap, es el nombramiento de una nueva Presidenta de la Junta General de la Cornap. A través del Acuerdo Presidencial 56-2021, publicado el 16 de marzo en La Gaceta, fue nombrada Rosa Bernarda López Silva como presidenta de esa institución. Cuando Daniel Ortega recién había regresado al poder en 2007, nombró a Carmen del Socorro Reyes García en la presidencia de la Cornap.
El único registro sobre López Silva es que tenía un cargo de Directora Administrativa Financiera, según una publicación en la página web de la Contraloría General de la República, pero sin más detalles.
Además, la página web de la Cornap reporta dos mujeres más ocupando los cargos directivos de la Cornap: Argentina Sánchez Rodríguez es la vice-presidenta y María José Martínez Baca en el cargo de Secretaria General.
La Junta General de la Cornap fue creada durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), mediante el Decreto de Ley 7-90, para que esta administrara las empresas públicas y para hacer recomendaciones a la Presidencia de la República sobre la privatización de las mismas.
La Cornap fue una de las acciones del gobierno de Barrios de Chamorro para solucionar el problema de la economía estatizada en que dejó al país el anterior gobierno sandinista, lo que significaba que el Estado controlaba todo el sector económico. En cambio, la Cornap suponía un proceso de descentralización.