El grupo que impulsa la campaña ciudadana “Mi cédula es mi rostro” realizó un sondeo entre 1,050 nicaragüenses sobre la “Percepción de la ciudadanía sobre la cedulación en Nicaragua”, que reveló las dificultades económicas que tienen las personas de escasos recursos y que viven en zonas rurales, para obtener el documento de identidad.
El sondeo se realizó en ocho departamentos del país (Managua, Masaya, León, Carazo, Matagalpa, Estelí, Nueva Guinea y Nueva Segovia) donde se desarrolla la campaña “Mi cédula es mi rostro”, para conocer las dificultades en la tramitación del documento de identidad y el manejo del proceso de cedulación por parte del Estado de Nicaragua, bajo el control del régimen autoritario de Daniel Ortega.
Un derecho con muchos obstáculos
El sondeo realizado a los 1,050 ciudadanos consultados refleja que la mayor dificultad para obtener la cédula es el costo económico para tramitar, reponer o renovar el documento de identidad.
“Entre los hallazgos más relevantes sobre los obstáculos para obtener el documento de identidad, encontramos el pago de 300 córdobas, a esto se suma los gastos que incurre el ciudadano para actualizar su certificado de nacimiento, pago de fotocopias de los documentos contemplados en los requisitos, gastos de movilización, que en las zonas rurales se vuelven mayores debido a las largas distancias para salir de sus comunidades y asistir a las oficinas de cedulación”, explicó un miembro de ese grupo.
El estudio determinó que “en términos reales el gasto para tramitar la cédula representa el doble, o en ocasiones el triple, de los 300 córdobas que cobra el gobierno”.
Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica, con un salario mínimo muy por debajo del precio de la canasta básica y con una tasa de desempleo preocupante, situaciones que se agravaron producto de la crisis política iniciada en abril 2018 y por la emergencia mundial de la pandemia del Covid-19.
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La investigación señaló que “muchas familias no pueden priorizar el gasto que representa tramitar la cédula, cuando su prioridad es la subsistencia”.
“El gobierno hace caso omiso a esta realidad y no existen planes ni estrategias gubernamentales que faciliten la obtención del documento de identidad, violando la ley y el derecho universal a la identidad ciudadana”.
Otros obstáculos
El 26 por ciento de los encuestados señaló que otro de los obstáculos para la ciudadanía joven que realiza el trámite por primera vez es el exceso de requisitos que se les solicita, como certificados de notas, boletín o carnet estudiantil. La falta de ese requerimiento impuesto por el CSE no les permite avanzar en la obtención del documento de identidad.
Otra dificultad encontrada es la doble inscripción o errores en el certificado de nacimiento.
El estudio valoró que “no puede ser igual el proceso de cedulación para quienes viven en centros urbanos, como para quienes viven en zonas rurales alejadas”.
Además, los encuestados señalaron que existe prioridad para las personas progobierno. En el proceso de cedulación, es uno de los principales obstáculos para acceder al documento de identidad.
A las personas progobierno se les facilita el trámite y a las personas identificadas como opositoras, cualquier detalle lo utilizan como excusa para detener el trámite y obligarlas a reiniciarlo, con lo cual les alarga el proceso y provocan que la persona desista de terminarlo.
Iniciativa en Asamblea Nacional
Recientemente el diputado Alejandro Mejía Ferreti confirmó a LA PRENSA que presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa para reformar la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 152, para extender la vigencia de las cédulas de identidad próximas a vencer y ampliar el plazo hasta noviembre del año 2022. De acuerdo con el texto de la iniciativa la reforma busca “otorgar validez a las cédulas de identidad ciudadana hasta el 22 de noviembre del año 2022, cuya fecha de vencimiento sea anterior o igual a esta misma fecha, a fin de garantizar el derecho al voto de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en las próximas elecciones nacionales y municipales”.
Mejía Ferreti es integrante del Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), una de las fuerzas políticas aliada del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea.