La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobará este lunes dos resoluciones que abren la convocatoria para proponer candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y para crear una Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, de cara a las votaciones del próximo domingo 7 de noviembre en Nicaragua.
Lea además: ¿Quiénes son los diputados de la Comisión Especial Electoral?
Este proceso supone una oportunidad de hacer cambios en el sistema electoral controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como lo vienen demandando con vehemencia los sectores opositores y la comunidad internacional desde hace tres años. Sin embargo, la Asamblea Nacional es otro poder del Estado controlado por los sandinistas, que solo responde a los intereses del régimen de Daniel Ortega, así que existe gran desconfianza en que los cambios sean para que el sistema vuelva a ser confiable para participar en las votaciones de noviembre.
Lo que dice la Constitución de Nicaragua
El artículo 138, numeral ocho, “establece que es atribución de la Asamblea Nacional: elegir a los Magistrados, propietarios y suplentes del CSE de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez valoró que aunque la Constitución establece que la elección de magistrados debe hacerse en consulta con las “organizaciones civiles pertinentes”, este mandato nunca se ha cumplido, porque la misma ley no lo exige.
“Jamás los diputados han puesto a las propuestas que han emanado de las distintas asociaciones civiles pertinentes, sino que han nombrado solamente a aquellas propuestas que vienen de las cúpulas partidarias y peor aún desde el año 2000 para acá en donde se repartieron entre el FSLN y el PLC todos los poderes del Estado”.
Álvarez dijo que la selección de magistrados se ha convertido en “una mera formalidad de trámites, una formalidad jurídica”, porque aunque los diputados digan que hacen las consultas pertinentes “nombran a quien les da la gana”, que en la práctica han sido personajes afines a los partidos en el poder, que responden a los intereses del mismo.
La Asamblea Nacional, compuesta por 91 diputados, es otro poder del Estado controlado por el partido sandinista, con 70 diputados que responden a los intereses del régimen de Ortega. Por eso existe gran desconfianza de los sectores opositores sobre el proceso de cambio de magistrado, sobre todo porque la Comisión Especial que valorará las propuestas está compuesta por cinco sandinistas y dos liberales poco o nada críticos.
Todos los sectores opositores se deben poner de acuerdo
Ante este panorama poco alentador para los opositores, Álvarez destacó la importancia de la unidad de las fuerzas opositoras, para que empujen los cambios necesarios como un frente común.
“Las circunstancias políticas obligan a los liderazgos de las plataformas más importantes extraparlamentarias, me refiero a la Alianza Ciudadana y a la Coalición Nacional, creo que deben de reconocer las posibilidades y los roles que se desempeñan tanto desde ellas mismas, es decir, desde más allá de los muros extraparlamentarios y los que tienen partidos políticos con expresión parlamentaria. Sin lugar a dudas me parece que hay más prestigio, mayor reconocimiento social desde la oposición extraparlamentaria, pero esta no puede hacer nada sino a través de la canalización institucionalizada y estos son los partidos que están en la Asamblea”, dijo Álvarez.
El experto en derecho constitucional dijo que los partidos políticos opositores que están en la Asamblea deben reconocer que no gozan del mayor prestigio político, pero que sí son indispensables para proponer e impulsar el nombramiento de magistrados idóneos.
“Yo creo que hay un responsabilidad política, de trascendencia histórica, para que todos estos liderazgos se pongan de acuerdo y que al menos en los temas de los magistrados electorales y de las reformas electorales tengan una posición unificada frente al régimen Ortega y Murillo, para contribuir a participar en un proceso electoral válido, razonablemente aceptable en noviembre”, dijo Álvarez.
Hasta ahora, solo la Coalición Nacional (CN) se mostró dispuesta a buscar a los diputados liberales que son minoría en la Asamblea Nacional, con el objetivo de acordar una alianza que presione al orteguismo a elegir magistrados idóneos.