Magistrados del Tribunal de Apelación Circunscripción Las Segovias (TACS) confirmaron la sentencia de primera instancia judicial a favor del homicida Abner Pineda Castellón, simpatizante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien disparó y mató al opositor a la dictadura Jorge Rugama Rizo, de 42 años, solo porque este gritó: “¡Viva Nicaragua libre!”, el pasado 19 de julio de 2020, cuando su victimario celebraba junto a otros fanáticos el triunfo de la Revolución Sandinista.
El juez orteguista Erick Laguna, titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, lo declaró culpable del delito de homicidio, lo condenó a un año de prisión e inmediatamente ordenó su libertad, bajo argumentos cuestionables. Y es que no conforme con los beneficios, el pistolero de Estelí, Abner Pineda a través de su abogado Mauricio Peralta Espinoza apeló de la sentencia condenatoria de primera instancia, con el objetivo de ser declarado inocente.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, dijo que los “magistrados del Tribunal de Apelaciones me decretaron como abogado ilegítimo de la familia de la víctima, a pesar de que yo he tenido intervención en todas las etapas del proceso en este caso y no escucharon mi apelación, decidieron matenerle la libertad, es decir que confirmaron la sentencia de primera instancia, pero vamos a recurrir de esa sentencia”.
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Intentarán revertir sentencias “retorcidas”
El abogado de Pineda, a través del TACS, intentó que los magistrados lo declararan inocente del delito argumentando que la víctima fue quien provocó el incidente, pero no lo logró. Mientras, Acevedo procuró que se declarara culpable al pistolero orteguista y se aceptara que lo ocurrido fue un asesinato y no un homicidio imprudente, a como lo calificó el juez Laguna.
“Los magistrados dieron no ha lugar a la petición de Pineda en relación a declararlo inocente del crimen, como el juez de primera instancia consideró que el delito es menos grave, por tratarse de homicidio imprudente, entonces él ahora no podrá recurrir de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero nosotros como CPDH sí lo vamos a hacer porque vemos que hay resoluciones retorcidas; vamos a pedir que se tipifique correctamente el delito y que se le declare culpable”, dijo la abogada María Oviedo, de la CPDH.
Pineda Castellón es funcionario de la Alcaldía sandinista de Estelí, donde ocupa el cargo de jefe de Adquisiciones de la comuna, como reveló LA PRENSA al tener acceso a un informe de la Contraloría General de la República que lo sancionó administrativamente.
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Incidente de nulidad ante los mismos magistrados
Los magistrados que votaron a favor de mantener libre al pistolero homicida fueron: José Dolores Ubau y Hilda Rugama Zelaya, mientras que el magistrado Roberto José Petray, exdirectivo de la Asociación nicaragüense pro derechos humanos (ANPDH), votó en contra. Este lunes, Acevedo introdujo ante el TACS un incidente de nulidad para tratar de revertir la decisión, pero dicha acción legal será valorada por los mismos magistrados.
A pesar de que en teoría la Fiscalía es el órgano estatal que defiende y representa a las víctimas, cuando se trata de juicios políticos esta institución toma apellido y se convierte en la Fiscalía Orteguista. En este caso se mostró conforme con el fallo del juez Laguna que liberó al pistolero de Estelí y no apeló la sentencia de primera instancia.
El abogado aseguró que los atenuantes manifestados por el juez en su sentencia son alarmantes y peligrosos porque podrían inducir a otros a cometer este tipo de hechos y procurar la impunidad. Uno de ellos fue de tipo político, el judicial señaló que el homicida sufría secuelas psicológicas producto del intento fallido de “golpe de estado” del 2018. Otro atenuante emitido por el juez fue que Pineda se encontraba en estado de arrebato cuando cometió el crimen y andaba celebrando una fiesta nacional, el 19 de julio.
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Juez polémico
El juez Erick Laguna es recordado por haber dictado sentencia a los responsables de la masacre perpetrada contra una familia en la comunidad indígena El Carrizo, en Madriz.
El crimen ocurrió en 2011 y fue perpetrado por un grupo de simpatizantes sandinistas encabezados por el entonces secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, Jesús Herrera Zepeda y el delegado sandinista del Consejo Electoral Municipal (CEM), Eusebio Cruz Montenegro.
En esa ocasión, el juez Laguna dictó solamente tres años de prisión para los principales responsables del crimen, entre ellos Jesús Herrera Zepeda, un exsecretario político del Frente Sandinista en esa zona, y Elvin de Jesús López, un exjefe policial.