El exdiplomático y precandidato presidencial, Arturo Cruz, cumple este lunes 5 de julio un mes de haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua, cuando regresaba de Estados Unidos.
Los simpatizantes y seguidores de Cruz, algunos de ellos jóvenes de la Alianza Cívica, pegaron afiches de manera clandestina en Managua y otros municipios, exigiendo su libertad en ocasión de este mes que cumple preso.
Cruz es uno de los cinco aspirantes presidenciales que se convirtieron en reos políticos del régimen de Daniel Ortega a meses de que se realicen las elecciones generales. Fue el segundo en ser detenido, tres días después de la también aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
Del exdiplomático y académico de 67 años es de los que menos información se tiene sobre su detención; solo se sabe que se lo llevaron tras llegar al Aeropuerto de Managua. Además, es el único cuya familia no habla a los medios de comunicación. Las novedades sobre el proceso judicial contra él son reportadas oficialmente por su equipo de prensa, que en los últimos días no ha brindado actualizaciones.
Después de 24 horas de la detención irregular de Cruz, sus abogados pudieron confirmar que el académico se encontraba en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, “en calidad de investigado bajo los establecimientos de la Ley de Soberanía (Ley 1055), llamada “Ley Guillotina”, que persigue a los que llama “traidores a la patria” por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos”.
Fue el primer opositor con quien el régimen puso en práctica la Ley 1055 por “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. También se convirtió en el tercer ciudadano al que se le aplicó el plazo de 90 días de prisión preventiva bajo investigación, después de la Reforma y Adición al Código Procesal Penal. Los primeros fueron los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, otros presos políticos en el mismo contexto de escalada represiva del orteguismo.
Dos días después de la detención, la casa de Cruz fue allanada y dos personas que trabajaban para él fueron retenidas y aisladas 10 horas por la Policía, según confirmó el equipo de prensa de Cruz.
Cuatro días después de su encierro, se tuvo la primera noticia de la condición del precandidato. Su abogado dijo que lo logró ver y confirmar que le entregaban los alimentos y artículos de higiene personal.
El académico fue defendido legalmente por el abogado Elton Ortega, pero este se vio obligado a salir del país por las amenazas en su contra. Ortega también era el abogado de los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
Las elecciones de Nicaragua son el próximo 7 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, el proceso electoral se vive bajo un clima de hostigamiento, represión y asedio a los opositores. 21 personas, entre precandidatos a la Presidencia del país, opositores, un banquero, un cronista deportivo crítico, dos extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y un conductor privado han sido detenidos por el régimen de Ortega, que se suman a otros más de 100 presos políticos.