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Norlan Cárdenas Ortiz pasó toda la noche del viernes 29 de noviembre de 2019 trabajando en un bar-restaurante de Masaya. Al amanecer del sábado, terminaba de limpiar y ordenar las mesas que unos borrachines recién desocupaban.
Rellenó los exhibidores de cerveza y se fue a su casa. Llegó a eso de las 9:00 de la mañana, a dormir y recuperar energías para volver a su faena de mesero por la noche. Pero su sueño lo interrumpió el capitán de la Policía de Masaya, Carlos Traña, cuando llegó a sacarlo de su cama a mediodía. El episodio lo cuenta la hermana de Norlan, Ruth Martínez Ortiz.
El capitán Traña había llegado a la casa de Norlan en busca de los “cómplices” de José Isaías Ugarte, alias Chabelo, quien acababa de morir en un tiroteo en el camino viejo a Niquinohomo. En el operativo también murieron dos policías.
En esa casa del reparto Cailagua estaban los padres de Norlan, ambos de la tercera edad y su hijo que en aquel momento tenía 7 años. A Norlan y a su papá los golpearon y tiraron a las cenizas de un fogón que había en su patio de tierra, y según Martínez “le pusieron el AK en la cabeza al niño”.
A Norlan y a su padre se los llevaron detenidos a la delegación policial de Masaya, y al día siguiente los trasladaron al Chipote. Su familia no supo nada de ellos hasta que el 6 de diciembre, el padre de Norlan fue liberado. Le contó a Martínez que habían sido golpeados y que pasaban esposados en las celdas.
El día siguiente, Norlan fue llevado a audiencia inicial sin que sus familiares o abogado se dieran cuenta. Lo acusaron de posesión ilegal de armas, fabricación de artefactos explosivos e intento de homicidio contra dos agentes policiales.
En febrero de 2020 fue condenado a 15 años de prisión por todos los delitos que le imputaron. Ya tiene 701 días detenido y se encuentra en la celda 17 de la galería cinco de La Modelo, junto con otros veinte reos.
En La Modelo, pero en una celda de máxima seguridad, también se encuentra Jaime Enrique Navarrete Blandón. Él lleva 830 días detenido en la 300, desde el 24 de julio de 2019, pero a esa cifra hay que agregarle otros 360 días que ya había estado detenido desde el 15 de junio de 2018 hasta el 10 de junio del año siguiente.
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Jaime vivía con su esposa y su hija de 13 años en una de las calles aledañas a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y tenía un pequeño puesto donde vendía hamburguesas a los estudiantes.
Cuando la Upoli fue tomada por manifestantes opositores para las protestas de abril, Jaime les llevaba de sus hamburguesas y otros tipos de comidas. En la calle de su casa, los jóvenes hicieron barricadas para evitar el ataque de paramilitares y Jaime normalmente salía a platicar con los protestantes.
Doña Margine Blandón, madre de Jaime, narra que a las 5:00 de la mañana del 15 de junio de 2018, agentes de la DOEP y paramilitares entraron a su casa por el techo y por la puerta de enfrente. Entraron a su habitación, lo golpearon y lo tiraron al suelo.
Jaime vio cuando dos paramilitares manoseaban a su esposa. Trató de levantarse para confrontar a los tipos, pero le dieron dos culatazos en la frente. “Él iba bañando en sangre. Ahí tiene las dos cicatrices”, dice su madre.
Se lo llevaron sin camisa y descalzo. Solo en short. Su esposa, por ser estadounidense, fue expulsada del país. Doña Margine cuenta que su casa fue saqueada y se llevaron objetos de valor como alhajas, perfumes y demás.
Fue acusado de haber asesinado a una persona en el barrio Libia y condenado a 23 años y seis meses de prisión. Según contó a su familia cuando fue liberado 360 días después producto de una amnistía, estuvo todo el tiempo en la celda conocida como el Infiernillo.
“Lo quemaban con cigarro, lo interrogaban constantemente y lo bañaban con gasolina”, entre otras cosas que su madre prefiere no contar. “Lo torturaron demasiado”, dice.
Mes y medio después de haber sido amnistiado, Jaime fue detenido por civiles frente a su casa y ahora está condenado a tres años y seis meses de cárcel por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas y tenencia de drogas.
159 presos políticos
Norlan y Jaime son apenas dos de los 159 presos políticos que el Mecanismo de Reconocimiento para Personas Presas Políticas tiene en su lista actualizada hasta el viernes 29 de octubre de este año. 149 son hombres y 10 mujeres. Todos con una historia que contar.
La lista incluye a 149 presos políticos detenidos en el contexto de las protestas de abril de 2018, además de otras nueve personas que permanecen encarceladas desde 2014 por ser los supuestos autores de un ataque armado a una caravana del Frente Sandinista, y otra persona desde 2011, Marvin Vargas, mejor conocido como el Cachorro, y quien es el preso político más antiguo de la dictadura Ortega Murillo.
Los registros del Mecanismo detallan que 130 de estos reos guardan prisión en los centros del Sistema Penitenciario Nacional, otros 34 en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote, además de otras dos personas en delegaciones policiales y dos más en arresto domiciliar.
Uno de los miembros del organismo detalla en condición de anonimato que la lista solamente incluye a los reos cuyos familiares autorizaron su publicación.
El informe también resalta que hay 24 personas detenidas en condiciones diferenciadas. Doce en máxima seguridad, seis en celdas de castigo y otras en seis en aislamiento. “El uso de estas condiciones diferenciadas dentro del sistema carcelario se da principalmente como respuesta ante los actos de resistencia o denuncia de las personas presas políticas”, se lee en el documento.
En total, 102 de los capturados han sido condenados, 45 están bajo proceso judicial, y dos están detenidos sin procesos judiciales en su contra.
Además, hay un total de 41 personas recapturadas, como el caso de Jaime Navarrete Blandón, o el de Kevin Roberto Solís, recapturado en las afueras de la Universidad Centroamericana, el 6 de febrero de 2020, después de participar en una protesta contra el régimen de Daniel Ortega y acusado del delito de robo agravado.
Solís es uno de los sobrevivientes del ataque a la Parroquia Divina Misericordia del 14 de julio de 2018. Estuvo 11 meses detenido hasta que fue amnistiado y luego recapturado en 2020.
Otro caso es el de Sergio Beteta, el joven que fue detenido por agentes policiales frente a la UCA el pasado 21 de diciembre del 2020, cuando protestó con una bandera azul y blanco contra el régimen de Daniel Ortega.
La Policía alegó que supuestamente llevaba 2,340 gramos de marihuana y un arma de fuego. Beteta, quien estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018, ya lleva 314 días en la celda 31 de la galería 7A de La Modelo.
A pesar de que todos estos casos son en contra de personas reconocidas como opositoras y con algún tipo de participación en protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el aparato judicial los ha acusado de delitos comunes, contrario a algunos líderes opositores y precandidatos presidenciales acusados de “traición a la patria”.
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