El tema del diálogo nacional está otra vez en la agenda de quienes se interesan por la situación política de Nicaragua, desde que el 23 de noviembre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, declaró que la Iglesia católica está dispuesta a colaborar como mediadora.
Sobre un posible nuevo diálogo nacional ha hablado el mismo Daniel Ortega. El 14 de enero de este año el caudillo sandinista dijo que: “Ahora se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año, elecciones generales, se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional, ¿para qué? Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias”.
Más temprano que eso, el 13 de octubre pasado el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez dio como un hecho el diálogo nacional mencionado por Ortega. Gutiérrez, quien es uno de los principales operadores políticos del régimen en la Asamblea Nacional, dijo que después de las votaciones del 7 de noviembre, “el Frente Sandinista va a continuar gobernando este país” y se abrirá “un gran diálogo nacional donde van a caber todos… incluido el gran capital.”
Según algunos analistas, como por ejemplo Manuel Orozco, lo que podría estar planeando Ortega con su idea de diálogo nacional es canjear la libertad de los presos políticos por el reconocimiento de su nuevo período de gobierno que se recetó el 7 de noviembre.
Por su lado, representantes de la oposición –que está diezmada, silenciada y acosada, pero viva, sobre todo en el exilio–, han reaccionado con desconfianza al supuesto diálogo del que habla el régimen. Pero en todo caso aseguran que son condiciones irrenunciables para dialogar, la previa liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las garantías, libertades y derechos constitucionales.
Más allá de eso, aunque Ortega no ha mostrado las cartas de su juego de diálogo, y probablemente lo hará hasta el 10 de enero próximo o después, es obvio que las posiciones del régimen y de la oposición son enteramente opuestas.
Según la oposición, el diálogo nacional debe ser para acordar condiciones que permitan sacar a Ortega del poder, de manera pacífica e institucional, mediante elecciones libres, limpias y observadas internacionalmente.
En cuanto a Ortega, es obvio que considera el diálogo como un instrumento que le garantice seguir detentando el poder, mediante la rehabilitación del modelo de gobierno corporativo establecido en la Constitución por la reforma de 2014 y roto con la rebelión popular de abril de 2018 que fue apoyada por el sector empresarial organizado en el Cosep.
Ninguna de las dos partes va a ceder en su posición, a menos que Ortega se sintiera muy aislado, debilitado y obligado a aflojar. No para abandonar el poder pero al menos quizás para dar garantías a una competencia electoral, anticipada o en 2026.
Mientras Ortega no se sienta obligado a ceder, podrá reconstruir su modelo de gobierno llamado de diálogo y consenso, tal vez no con el Cosep pero sí con el sector empresarial pro gobierno que se viene organizando desde febrero de 2019 y fue legalizado en octubre del mismo año. Se llama Asociación en Pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesnic) y según sus representantes tiene por los menos 300 empresa asociadas en 14 cámaras empresariales.
Aprodesnic ya representó al sector privado nicaragüense ante la Organzación Internacional del Trabajo (OIT), en junio de 2019, como contraparte del gobierno y de las organizaciones sindicales oficialistas. Y reclama sustituir al Cosep para proponer reformas y procedimientos legales de políticas económicas.
Así las cosas, no se ve la posibilidad de una iniciativa intermedia de diálogo nacional, que no sea para respaldar al régimen de Ortega ni para tratar de sacarlo del poder, sino para conseguir un mejoramiento del clima político y de la recuperación económica.
La política nicaragüense no es de términos medios. La regla ha sido siempre la de todo o nada, y por eso el país está en la deplorable situación actual.