El miércoles 2 y el jueves 3 de febrero, el poder legislativo y el Ministerio de Gobernación del régimen cancelaron las personalidades jurídicas de 12 universidades privadas, nacionales y extranjeras.
Por lo menos, en el caso de las cinco canceladas el miércoles 2 de febrero, entre ellas la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y la Universidad Politécnica (Upoli), de inspiración cristiana bautista, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) del régimen comunicó que se hace cargo de ellas para la continuación de sus actividades académicas.
La cancelación de las personalidades jurídicas de las universidades privadas significa, de hecho, una confiscación, a juicio de expertos en derecho. Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, la confiscación “es la adjudicación que se hace el Estado de la propiedad privada, más que por causa de delito por razones políticas internas o internacionales…”
Advierte el maestro Cabanellas que la confiscación es prohibida por la generalidad de las constituciones de los diversos países. Lo cual es también el caso de Nicaragua, cuya Constitución en su artículo 44 prohíbe expresamente la confiscación y establece que “los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.”
En los círculos universitarios independientes se teme que también la Universidad Centroamericana (UCA) podría correr la misma suerte que las otras 12 instituciones académicas privadas. Este año el régimen destinó solo un millón de córdobas a esta prestigiosa casa de estudios universitarios, regentada por la orden católica de los jesuitas, reduciendo a casi nada la asignación presupuestaria que le corresponde de acuerdo con la ley. De manera que la UCA podría morir por asfixia económica, si no es que por la cancelación de su personería jurídica.
En la época del somocismo no hubo confiscación de universidades. Pero fueron cerradas por la fuerza la Universidad Central de Managua, en 1944, y en 1951 la Universidad de Oriente y Mediodía que funcionaba en Granada. Aquellas universidades fueron cerradas porque eran focos de protestas estudiantiles contra la permanencia del general Anastasio Somoza García en el poder político y militar.
Ahora bien, aunque la organización de universidades del régimen se haga cargo de las instituciones universitarias privadas que han sido canceladas, no hay ninguna garantía de que el Estado mantendrá la alta calidad de la enseñanza que hasta ahora se ha impartido en algunas de ellas.
Las universidades no son simples centros de estudios y mucho menos de propaganda política gubernamental y formación de cuadros partidistas. Para ser coherente con su naturaleza la institución universitaria debe tener autonomía real, estabilidad y seguridad.
En la universidad se debe poder actuar con libertad y autenticidad, formar a los estudiantes y futuros profesionales con una visión crítica de los problemas de la sociedad. En la universidad tiene que haber libertad académica y científica, dicen los que saben de estas cosas, porque es un lugar “donde se crean, recrean, preservan, difunden y legitiman los conocimientos”.
Desgraciadamente, por ahora eso no es posible en Nicaragua.