Según el régimen, alrededor de 1,800 organismos de la sociedad civil o no gubernamentales (ONG) de Nicaragua son “vulnerables al financiamiento al terrorismo”.
Este dato es parte de “un reporte que el Gobierno presentó ante el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) correspondiente a información del (año) 2019”. Así lo ha informado LA PRENSA en un trabajo periodístico publicado este lunes 7 de febrero.
El Gafilat, como es del dominio público, es la organización intergubernamental regional de los países de América Latina, en la lucha contra el lavado de dinero y activos y el financiamiento de actividades terroristas. No tenemos el dato del total de ONG que hay en Nicaragua, pero cualquiera que fuese no cabe duda de que es muy grande la cantidad de organismos vulnerables al crimen organizado, según el Gobierno.
Ahora bien, el dato se ha conocido en el contexto de la cancelación oficial, y al parecer sistemática, de personalidades jurídicas de numerosos organismos de la sociedad civil, incluyendo a algunas universidades privadas de prestigio que han sido estatizadas y ahora se teme, que pasando a poder del Estado, su calidad académica se reducirá inevitablemente.
Aunque en Nicaragua la cancelación de las ONG se puede entender como parte de la estrategia política del régimen denominada “borrón y cuenta nueva”, la realidad es que la ofensiva contra las organizaciones independientes de la sociedad civil es global, está ocurriendo en todos los países con regímenes autoritarios, desde Rusia hasta Guinea Ecuatorial en el continente africano.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) ha dado a conocer un informe titulado “Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil”. En este informe AI denuncia que en tales países se ataca a las ONG mediante leyes y acciones administrativas, “que interfieren con el derecho de asociación” y obstaculizan o prohíben el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Para esos regímenes “hay dos tipos de ONG —dice Amnistía Internacional—: las buenas y las malas. Las buenas no critican al Gobierno, dan servicios, pero no se meten en discusiones públicas. Las malas son las ONG que luchan contra la corrupción y a favor de los Derechos Humanos”.
Por cierto que en Nicaragua el régimen acusa a las ONG que ha cancelado, y en algunos casos encarcelado a sus representantes, de cometer lavado de dinero y financiar el terrorismo. Pero en ningún caso se han presentado pruebas convincentes, dando la razón a lo dicho por AI.
Las Naciones Unidas reconocen a las ONG y las definen como “grupos no lucrativos de ciudadanos voluntarios, que están organizados a nivel local, nacional e internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común —agrega la ONU—, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad…”
Se supone que la ONU no solo reconoce a las ONG que cumplen cabalmente sus funciones y actúan con transparencia en el marco de la ley, que también las protege y las defiende. Pero al parecer no es así en la realidad.