Familiares de reos políticos, especialistas de la salud y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado el maltrato y las condiciones insalubres en las que se encuentran las personas privadas de libertad por motivos políticos, lo que potencializa la situación de contagio ante el virus por el SARS-CoV-2.
No les permiten el alcohol, no les cambian mascarilla frecuentemente, celdas en condiciones insanas, a algunos no se les da mascarillas, en los interrogatorios los agentes de la Policía no siempre ocupan mascarillas, entre otras situaciones que vulneran la salud de los presos políticos.
Un médico del sistema de salud público de Nicaragua, menciona que el hacinamiento y los malos tratos que reciben los reos potencializa su exposición al virus. “Sabemos que aparte del hacinamiento, las condiciones en las que viven no son las correctas. Tampoco están en un lugar donde la temperatura es estable y sin mencionar la previa existencia de personas con problemas respiratorios que son más propensos a tener enfermedades respiratorias”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que la situación de los privados de libertad en Nicaragua es de alto riesgo de contagio por la ausencia de información veraz sobre los protocolos y medidas adoptadas por el Estado.
“Preocupa especialmente a la CIDH, permanencia de personas detenidas en el contexto de la crisis de derechos humanos, la ausencia de información sobre protocolos y medidas de contención y prevención adoptadas en los centros de privación de libertad en Nicaragua. Asimismo, en algunos casos, los familiares de las personas detenidas han denunciado restricciones para el ingreso de paquetería como mayor cantidad de agua a la permitida, mascarillas o alcohol en gel. Dichos hechos además de agravar las condiciones de detención podrían aumentar el riesgo a la salud de las personas detenidas y a sus familiares”, declaró la CIDH.
Actualmente hay más de 160 personas privadas de libertad en diferentes sistemas penitenciarios. Desde mayo de 2021 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una nueva ola de detenciones contra líderes opositores, quienes en su mayoría se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote y algunos tiene régimen carcelario casa por cárcel.
Familiares denuncian irregularidades
Uno de los familiares de las personas privadas de libertad menciona que en la DAJ a los presos les dan una mascarilla cada dos días, aunque la familia entrega en las paqueterías cajas de mascarillas. “Siempre que vamos a las visitas nosotros llegamos con mascarillas, pero nos toman fotos y nos obligan a quitarnos la mascarilla y abrazarnos con el preso”.
“A nosotros nos dan mascarillas cada dos días y en las celdas no utilizamos mascarillas, solo cuando salimos para entrevistarnos”, relató un preso político a un familiar. Sin embargo, Fernanda Guevara, esposa de Róger Reyes, menciona que para los interrogatorios no ocupan mascarillas, “el único momento en que él ocupa mascarillas es cuando tienen visitas”, pero esto se debe porque Reyes ha pasado la mayor parte de su detención en celdas de castigo. “Andar mascarillas en ese lugar pequeño, sería más asfixiante de lo que ya es”, explicó Guevara.
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Otro de los puntos que destacan los familiares es que no les permiten que gestionen su propio alcohol -líquido o gel. “No administran su propio alcohol. Los que ellos (las autoridades) hacen es que una o dos veces al día un oficial pasa echándoles un poquito de alcohol o alcohol en gel en las manos”.
En la DAJ a casi todos los presos de conciencia les pusieron la primera dosis de la vacuna contra la covid, sin embargo, no a todos les han puesto la segunda dosis o el refuerzo, afirma una persona de la Unidad Nacional Azul y Blanco. A algunos las autoridades les han informado el tipo de vacuna que les han suministrado, pero otros presos no saben qué vacunas les aplicaron.
Asimismo, los familiares mencionan que su preocupación es que la mayoría de los presos son personas de edad avanzada, poniéndolos en mayor riesgo de contraer el virus. Han denunciado constantemente la situación de las personas de la tercera edad que se encuentran en la DAJ, resaltando que se encuentran en un estado de salud crítico. El especialista de la salud menciona que para que la protección ante el virus sea completa, las dosis de las vacunas deben estar completas: las dos dosis más el refuerzo.
“Las probabilidades de que les dé Covid a las personas de la tercera edad, son las mismas. Lo que va a afectar es la intensidad con qué dañaría el virus tomando en cuenta la existencia de enfermedades previas. Un hipertenso que le da variante Delta, que es la forma más severa hasta el momento, puede tener complicaciones graves y en algunos casos puede llegar hasta la muerte”, explicó el médico.
Condiciones en las que se encuentran reos vulneran sus derechos
Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó que a través de las denuncias de los familiares conocen las situaciones de insalubridad que vulneran los derechos humanos de los presos políticos. “Conocemos de los familiares sobre la calidad del agua potable que ellos consumen. Otra situación es que no hay condiciones adecuadas que respondan a los estándares que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para mantener las medidas que prevengan la covid”, expresó la defensora de derechos humanos.
Asimismo explica que las personas privadas de libertad que están en celdas de castigo, y aunque se encuentren solos, no existen las condiciones para tomar las debidas medidas de prevención. “Entendemos, según algunas denuncias de familiares, que no les estaban aceptando en la paquetería las mascarillas para que ellos tengan la posibilidad de cambiárselas”, mencionó Ruiz.
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Además aseveró que el hecho que no permitan tener las condiciones para prevenir la covid y las condiciones en las que todo ser humano privado de libertad tiene derecho a gozar, vulneran los derechos y particularmente en esta situación se vulnera el derecho a la salud.
“Existe una desatención con el tema de la salud, no les brindan la atención médica adecuada en el momento preciso y hasta en los momentos de la visita que ellos refieren al familiar que han pasado días con fiebre, con dolores musculares y demás. Cuando los familiares quieren proveerles algún medicamento, tampoco se los permiten. La falta de acceso a la salud es una violación a sus derechos y también a la legislación interna“, comenta Georgina Ruiz sobre la ley de régimen penitenciario.
El reglamento establece que todas las personas privadas de libertad deben ser atendidas en la clínica del centro penitenciario. Si las situaciones son de mayor gravedad, el sistema de salud debe suministrar la atención médica integral.