El viernes 11 de marzo, el juez Noveno de Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, dictó sentencia contra Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez, concluyendo de esa forma el juicio en primera instancia que durante más de nueve meses los ha mantenido injustamente privados de libertad.
El juez los declaró culpables, a pesar de que la defensa demostró abundantemente la inocencia de sus defendidos. Es obvio que, como en todos los casos de los presos políticos inocentes que ya han sido condenados, la sentencia contra los hijos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta de Nicaragua doña Violeta Barrios de Chamorro —y las otras tres personas incluidas en el mismo proceso—, ya estaba dictada de antemano desde fuera del ámbito judicial.
En varias ocasiones, Daniel Ortega había declarado en cadena nacional de radio y televisión que todos los presos políticos capturados entre mayo y noviembre del 2021 eran culpables de una serie de delitos, incluyendo terrorismo, llegando al impresentable y tristemente recordado discurso de “los hijos de perra”, impropio de una persona que supone ser el primer mandatario del país.
En un sistema democrático, donde la institucionalidad prima sobre las opiniones de las personas, el poder judicial es independiente de los demás poderes del Estado. En consecuencia, las sentencias deben estar ajustadas a derecho, respetando en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia, porque nadie es culpable mientras no se le demuestra. No obstante, el mundo entero sabe que en Nicaragua lo que prevalece es una estructura dictatorial que ha anulado los pesos y contrapesos de la gobernabilidad democrática.
La orden de culpabilidad estaba dada y el juez la cumplió a cabalidad, olvidando por completo el sagrado juramento de jueces y magistrados que les compromete a impartir justicia “con los ojos vendados”. En la improvisada sala de audiencias, instalada tras los muros de la temida cárcel conocida como “el nuevo Chipote”, el juez los encontró culpables de los supuestos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida de fondos, gestión abusiva y falsedad ideológica, sin tomar en consideración los abundantes argumentos y pruebas presentadas por un profesional y muy bien preparado equipo de defensa que hizo un excelente trabajo, superando todas las limitaciones que la Policía les impuso: no les permitió ingresar con sus computadoras y celulares que son tan necesarios para ejercer una defensa adecuada, ni se les dio el tiempo necesario, como la ley manda, para entrevistarse las veces que fuese necesario con sus defendidos, mientras los fiscales tuvieron todos los privilegios y tiempo de sobra para sus atropellados e inciertos alegatos.
La lista de arbitrariedades y nulidades del proceso es larga y hasta inverosímil. Esto obviamente será parte esencial de los recursos de apelación que interpondrá el equipo de defensa. Porque la batalla legal por la justicia y el derecho hay que librarla aún en las condiciones más adversas.
Por ahora vale la pena subrayar el fracaso de la Policía y la Fiscalía en sus empeños por fabricar un caso que de inicio a fin estuvo viciado, con la dolorosa afectación previa de nueve largos meses de agravios e irrespeto a los derechos humanos fundamentales de gente inocente. Cristiana, Pedro Joaquín, Marcos, Walter y Pedro Salvador son inocentes y personas honorables, que en algún momento tendrán que ser liberados, igual que todos los presos políticos de Nicaragua.