Familiares de algunos presos políticos denuncian que llevan más de 50 días de no ver a su pariente detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que la incomunicación es parte del régimen de tortura impuesto por el gobierno de turno.
Las última vez que se realizaron visitas en la DAJ fue en la tercera semana de enero, desde entonces familiares afirmaron que no han tenido ningún tipo de comunicación con las personas privadas de libertad.
“En los juicios que solo permitieron la presencia de un familiar, no les permitían compartir con ellos ampliamente sino que delimitaban primero la presencia de un familiar y en segundo les limitaban comunicarse con ellos a la hora del almuerzo aproximadamente 10 minutos. Consideramos que esta incomunicación es parte del régimen de tortura y una evidente violación de derechos humanos”, agregó y manifestó que la incomunicación se ocupa como una sanción no regulada.
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Las visitas, único vínculo humano
Un familiar de Suyén Barahona, que prefiere no ser citado con su nombre por temor a represalias, señaló que las condiciones en las que se encuentran los detenidos en la DAJ repercuten en su salud física y mental, por lo que la vida de los privados de libertad está en riesgo y las visitas con sus familiares es el único vínculo humano que tienen, “se están violentando sus derechos, pero también los nuestros como familiares. La visita es vínculo humano que nuestros familiares tienen”.
“En los juicios que solo se permitió a un familiar, la madre de Suyén necesitaba ir con otra persona por su edad avanzada, pero no le permitieron el ingreso a ella. El otro familiar que accedió pudo ver y hablar con Suyén brevemente. Al día de hoy llevamos 55 días de no verla”, afirmó el familiar de Barahona, presidenta del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Agregó que sufren la angustia que genera la falta de comunicación constante. Remarcó que a Barahona no le permitieron ver una foto de su hijo, por lo que afirmó que la incomunicación es “total” y violatoria de los derechos e ilegal.
Suyén Barahona fue detenida el 13 de junio de 2021 por estar bajo investigación de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Fue declarada culpable de dicho delito y condenada a 8 años de prisión por la jueza Ulisa Yohosca Tapia Silva.
“En 10 meses, solo la hemos visto cinco veces”
Ana Lucía Álvarez, familiar de la privada de libertad Támara Dávila, afirmó que igualmente llevan más de 50 días de no ver a la activista e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). “En 10 diez meses aproximadamente, solo la hemos podido ver cinco veces. Desde la última visita han pasado 50 días, por un lado es una forma de tortura que está aplicando el Estado en contra de las personas presas políticas”, expresó.
Desde la última vez que tuvieron la oportunidad de ver a Támara Dávila, las autoridades del Complejo Policial no les han indicado cuándo será la próxima vez que puedan visitarla. “Además de la incomunicación, está en una situación de aislamiento absoluto porque está en una celda totalmente sellada, lo que la pone en especial situación de vulnerabilidad”, agrega.
Aseguró que el Estado de Nicaragua no ha demostrado que está garantizando la integridad física mental, por lo que el factor de la falta de comunicación se convierte en un elemento de vulnerabilidad. “Al no darnos cuenta cómo están, si se han enfermado por largos periodos de tiempo se convierte en un factor más de vulnerabilidad. No podemos lanzar voces de alerta porque no sabemos siquiera cómo están”, dijo.
Además, los precedentes del fallecimiento de los privados de libertad bajo la tutela del Estado, otras dos personas con situaciones de salud irreversible luego de salir de las cárceles, preocupa a las familias de los privados de libertad.
Asimismo, la comunicación con los abogados defensores de los privados de libertad también se ve obstaculizada, Támara Dávila en todo el tiempo que lleva detenida no ha podido tener una reunión privada con su abogada, lo que limita el ejercicio de la defensa, indicó Álvarez.
Por su parte, Vilma Núñez explicó que los privados de libertad que se encuentran aislados, como el caso de Dora María Téllez, Suyén Barahona y Tamara Dávila, luego de haber sido llevadas a juicios volvieron al régimen de incomunicación y aislamiento. Es una violación jurídica y una aberración para la preservación de los derechos humanos que es calificado como tortura, “mientras no se dilucide en la práctica cuál es la situación de los privados de libertad, definitivamente los tiene en un régimen de tortura. Nosotros consideramos que todos son inocentes y que no les pudieron probar nada que realizaron de manera secreta, en lugares inadecuados y por un juez que no le cometía, son violaciones gravísima de derechos humanos”, finalizó la defensora.