La decisión del abogado estadounidense Paul Reichler, de no seguir sirviendo a Daniel Ortega al que había sido fiel durante décadas, es otra impactante defección política en las altas esferas del oficialismo.
La defección de Reichler se ha conocido pocos días después de la del exembajador orteguista en la OEA, Arturo McFields. Pero, en realidad, la de Reichler ocurrió primero, pues su carta de renuncia está fechada el 2 de marzo, mientras que la denuncia de McFields ante el Consejo Permanente de la OEA sucedió 21 días después.
Es posible que McFields supiera de la renuncia de Reichler y eso lo animó a hacer su denuncia del régimen de Ortega ante la OEA, al que todavía en su condición de representante de Nicaragua calificó como una dictadura.
Ahora bien, la defección de Reichler ha fortalecido la apreciación de algunos observadores y políticos opositores, de que se está produciendo un desgrane de la mazorca del régimen de Ortega. Sin embargo, las dos deserciones no bastan para confirmar esa apreciación, que parece más un deseo que una realidad. En cualquier caso, hay que ver el curso de los acontecimientos para medir el impacto real de los casos de McFields y Reichler en la capa superior del poder político de Ortega y Murillo.
Lo que sí podemos asegurar es que esta situación podría ser una buena oportunidad para que Ortega reflexione con realismo y responsabilidad, y comience un proceso de rectificación del rumbo errático y autoritario que ha venido siguiendo, sobre todo en los últimos cuatro años.
El próximo mes se cumplirán cuatro años de la rebelión popular de abril de 2018. Desde entonces Ortega ha tenido, pero ha desperdiciado, varias oportunidades de abrir una salida nacional de la crisis, en beneficio de los ciudadanos y de su mismo gobierno.
Ahora mismo se está cumpliendo el tercer aniversario de los acuerdos del gobierno de Ortega con la opositora Alianza Cívica, ante todo para la liberación de los presos políticos de entonces y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales.
El cumplimiento de los acuerdos de marzo de 2019 en el Incae hubiera permitido que las elecciones de noviembre de 2021 sirvieran para restablecer la convivencia nacional, renovar democráticamente las autoridades de gobierno y, al fin, resolver la crisis socioeconómica y política de Nicaragua. Pero el régimen de Ortega no quiso cumplir aquellos acuerdos que firmó con la oposición, y la mediación del Vaticano y la OEA.
No es demasiado tarde para cumplirlos, para lo cual hay que comenzar por la liberación de todos los presos políticos mediante cualquier mecanismo institucional que sea permitido por la Constitución y las leyes.
Las renuncias y denuncias de prominentes personalidades del régimen, como Paul Reichler y Arturo McFields, son un poderoso mensaje de que Ortega debe rectificar el rumbo, actuar como un estadista y abrir el camino a la restauración de la democracia y la convivencia nacional.
Ojalá que no se perdiera esta nueva oportunidad.