El poder legislativo del régimen aprobó el martes 29 de marzo una reforma a la Ley del Notariado que ha motivado desconfianza y temor, y para justificarla los voceros parlamentarios oficialistas pronunciaron discursos exaltados.
Cabe destacar, porque no es usual que esto ocurra, que los nueve diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra de la reforma, por considerar que “atenta contra los derechos constitucionales de los profesionales del derecho y también del pueblo”. Así lo dijo la diputada que habló en representación de la bancada pelecista.
La preocupación entre profesionales del derecho independientes es por lo delicado de la función notarial. Los notarios manejan datos e información de los actos jurídicos que realizan para sus clientes, conocen sus patrimonios y transacciones habituales. Los notarios son prácticamente responsables de velar por la privacidad de las personas, tienen que guardar el secreto profesional y mantener la seguridad de la información.
Sin embargo, las nuevas regulaciones legales internacionales y locales para combatir actividades del crimen organizado, como el lavado de dinero, han puesto en mayor tensión la siempre crítica relación del derecho a la privacidad de las personas con el afán de control del Estado. Y su mayor tensionamiento afecta necesariamente a la función notarial.
En países con sistemas de gobierno autoritarios, el problema no es tanto que los notarios estén obligados a informar al Estado sobre las transacciones de sus clientes. Si las personas naturales y jurídicas actúan correctamente, si no realizan actividades delictivas ni simulaciones para cometer o encubrir delitos, nada deberían temer. El problema real es el uso que se dé o se pudiera dar a este tipo de leyes.
Ahora bien, en sus diatribas para justificar la reforma a la Ley del Notariado, los diputados oficialistas acusaron al periodismo independiente —al que calificaron peyorativamente “de derecha”—, de desacreditar esta ley que según ellos es “para beneficio del pueblo”.
Pero la verdad es que son los abogados y notarios independientes los que la critican. Por ejemplo, la jurista y catedrática universitaria María Asunción Moreno, aseguró a LA PRENSA que el régimen aprovechará esta reforma “para imponer a los profesionales del derecho que ejercen la notaría, obligaciones que claramente violentan el secreto profesional y la confidencialidad entre cliente y notario…”
Por su parte, el experimentado profesional del derecho Boanerges Fornos, dijo a la revista Confidencial que con esta reforma “convierten al notario en una fuente de información de inteligencia relacionada a sus clientes, principalmente con aquellos que pueden tener una posición crítica al régimen, ya sea para criminalizarlo o controlar su actividad económica”.
Es fácil advertir que no es el contenido de la reforma a la Ley del Notariado lo que causa preocupación, temor y rechazo en el sector jurídico independiente y opositor. Es que igual que las otras leyes punitivas aprobadas recientemente, esta reforma legal también podría ser un instrumento de represión política contra desafectos y opositores al régimen.
De manera que aunque la reforma de la Ley de Notariado sea para ajustarla a los requerimientos de la ley internacional, hay razón de sobra para temer que no será solo y no tanto para prevenir el delito de lavado de dinero y activos, sino para ejercer más control político sobre los ciudadanos y reprimir a desafectos al régimen.