El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) acordó el 30 de marzo pasado crear una comisión especial para Nicaragua.
La comisión estará integrada por tres personalidades internacionales de prestigio y confiabilidad, que todavía no han sido designadas. Ellas deberán “recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas, y cuando sea posible, identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, que han sido denunciadas ante ese organismo internacional de Estados.
El grupo de trabajo de la ONU deberá presentar el informe de su tarea en marzo de 2023. Será igual al que a nivel de las Américas creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018, que investigó y documentó las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre el 18 de abril y el 30 de mayo de ese año, el más intenso de la rebelión popular y la represión del régimen para aplastarla.
Aquella comisión interamericana, que fue llamada Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), determinó que el régimen había cometido delitos de lesa humanidad. Por eso, un día antes de presentar su informe públicamente, después de haberlo entregado en privado al Gobierno, sus integrantes fueron obligados a abandonar el país.
Ahora lo más probable es que el régimen no permita a los comisionados de la ONU venir a Nicaragua para hacer su trabajo. Sin embargo, algunos observadores internos e internacionales aseguran que esta comisión de la ONU tendrá “dientes” y su trabajo al menos podría confirmar las conclusiones del GIEI y poner el tema de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en el escenario universal.
Para vislumbrar lo que podría hacer ese grupo de la ONU con respecto a Nicaragua, conviene saber que una comisión igual para Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por las Naciones Unidas. El régimen de Nicolás Maduro no permitió el ingreso de los comisionados de la ONU, los cuales se han visto obligados a cumplir su tarea desde fuera y han elaborado dos informes sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Sin embargo, a pesar de su “contundencia”, los informes de la comisión de la ONU sobre Venezuela no han servido para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país, porque eso depende de la voluntad del régimen de Nicolás Maduro.
Quizás la verdadera importancia de tales informes es la posibilidad de que sean usados en un eventual juicio en la Corte Penal Internacional, que en noviembre del año pasado decidió abrir una investigación formal al régimen de Nicolás Maduro por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Pero eso no es el caso de Nicaragua, que ni siquiera ha ratificado el Estatuto de Roma, como se llama el tratado internacional que determina las competencias de la Corte Penal Internacional.
Este tribunal fue creado en julio de 1998 y funciona desde el 1 de julio de 2002, cuando más de 60 países habían ratificado el Tratado de Roma. Pero Nicaragua no fue parte de la creación de la Corte Penal Internacional porque cuando se creó el presidente de la República era Arnoldo Alemán. Y el presidente Enrique Bolaños, que sucedió en el poder a Alemán, no adhirió el país al Estatuto de Roma.
Cabe recordar que en octubre de 2007 vino a Nicaragua una delegación de la Corte Penal Internacional, invitada a la celebración del centenario de la Corte Centroamericana de Justicia. Se pensó entonces que pronto Nicaragua se agregaría al Tratado de Roma, pero no resultó así.
Un poco más adelante, a fines de abril de 2009, visitó el país una delegación de Estados miembros de la Corte Penal Internacional, invitada por unos diputados democráticos. La idea era animar al gobierno de Ortega a adherirse al Tratado de Roma, pero la gestión tampoco tuvo éxito.
Y después de lo ocurrido en 2018, es prácticamente imposible que Nicaragua reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Al menos mientras la familia Ortega Murillo con su partido FSLN estén en el poder.