El primer domingo de noviembre de este año habrá elecciones municipales en Nicaragua. Todavía no han sido convocadas, pero el organismo de la sociedad civil independiente que da seguimiento a los procesos y temas electorales del país, Urnas Abiertas, ha realizado un conversatorio sobre el Impacto socioeconómico de la gestión municipal, con la participación de especialistas democráticos.
LA PRENSA informó este jueves 26 de mayo sobre el conversatorio, el cual reveló el grave deterioro que ha sufrido el municipalismo en los últimos 15 años, particularmente la autonomía municipal, que es un elemento indispensable para el funcionamiento de la democracia.
Ahora bien, al abordar este problema se debe aclarar que municipio no es lo mismo que municipalidad. El municipio es la circunscripción territorial en la que vive, trabaja e interactúa socialmente una porción determinada de la población nacional. En Nicaragua hay 153 municipios de diversos tamaños, cantidad de población e importancia económica, política y cultural.
En cuanto a la municipalidad, esta es el gobierno del municipio, integrado por el alcalde y vicealcalde y una determinada cantidad de concejales. La municipalidad —o gobierno municipal— es la que gestiona los negocios y asuntos ordinarios del municipio, una autoridad colegiada que se supone es elegida libremente por los ciudadanos.
Siendo la municipalidad la institución de gobierno más cercana a la gente, en cada municipio, la elección de sus autoridades es de la mayor importancia e interés de los ciudadanos. Como dijo una de las participantes en el conversatorio, en las municipalidades se encuentran los espacios de diálogo y participación de la ciudadanía, que no existen en el ámbito del Gobierno central, ni este los permite.
Pero eso es en la teoría. En la práctica, desde enero de 2007 comenzó en el país un proceso de recentralización política y administrativa, que de hecho ha despojado a las municipalidades de su autonomía, de su carácter democrático, de su capacidad para tomar decisiones y atender sus asuntos de manera autónoma, como debería ser.
En realidad, las municipalidades están subordinadas al poder central del Estado, así como este se somete a la voluntad de un partido político autoritario y de dos personas que piensan y deciden por todas las demás.
135, de los 153 municipios del país, son gobernados por el partido en el poder, FSLN y solo 18 por la oposición. Pero esto último solo es formalmente, pues también las municipalidades opositoras se tienen que subordinar al poder central del Estado, por las presiones políticas, el temor de los alcaldes y concejales opositores, y por los recursos económicos que reciben. O que no reciben.
En este sentido, cabe mencionar que según el medio independiente Expediente Público, en 2022 las asignaciones del Gobierno central a las alcaldías sandinistas han aumentado en 12 por ciento, pero las de las municipalidades opositoras absolutamente nada.
Con esta situación pierde la ciudadanía de todo el país, porque sin autonomía municipal efectiva no puede haber democracia; como tampoco la hay sin elecciones libres, alternabilidad en el poder, rendición de cuentas de los gobernantes, vigencia de las libertades individuales y respeto a los derechos humanos.