Con el título “Prisión o exilio: represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, el organismo internacional defensor de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) ha presentado un informe de 37 páginas sobre la situación en Cuba, al cumplirse un año de las protestas sociales masivas que ocurrieron el domingo 11 y el lunes 12 de julio del año pasado.
Aquel día, se dice en el informe, miles de personas de ambos sexos y distintas edades se lanzaron a las calles de varias ciudades de Cuba para protagonizar las más grandes manifestaciones contra el régimen, desde que fue instaurado el 1 de enero de 1959.
Agrega el organismo internacional, que vela por los derechos humanos en el mundo, que aquellas protestas “abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de covid-19”.
Las protestas fueron reprimidas brutalmente, y aunque hubo algunos saqueos y quema de vehículos del régimen, solo uno de los manifestantes resultó muerto. Sin embargo, más de 1,400 personas fueron encarceladas, de las cuales 790 han sido procesadas, y unas 380, incluyendo 55 menores de 16 y 17 años de edad, ya fueron sentenciadas a largas penas de prisión.
Un año después de las protestas del 11 y el 12 de julio del año pasado, dice HRW, “la represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país”.
Las protestas del año pasado en Cuba causaron una gran conmoción internacional, porque eso no es algo que ocurra usualmente en ese país. Según el relato oficial todos los cubanos están satisfechos con el régimen, pero además y sobre todo el sistema de represión policial y social es poderoso y omnipresente.
En los países democráticos de América Latina las protestas sociales ocurren a menudo. El derecho de protestar está consagrado en las leyes constitucionales y se respeta, inclusive cuando grupos extremistas se infiltran en las protestas, cometen actos de violencia y la fuerza pública tiene que actuar para restablecer el orden y la seguridad ciudadana.
Eso fue lo que ocurrió en Ecuador recientemente, cuando las protestas paralizaron el país durante 18 días y causaron más de mil millones de dólares en pérdidas. Y lo mismo pasó en Chile, donde las protestas masivas desembocaron en la convocatoria a una constituyente y facilitaron el acceso al poder de la izquierda radical; o en Colombia, donde los fuertes disturbios condujeron también al triunfo de la izquierda revolucionaria en la elección presidencial del 19 de junio pasado.
Seguramente por eso, en Cuba y demás países con regímenes autoritarios, las protestas sociales no son permitidas. Porque podrían llevar a un cambio de régimen, que en este caso sería hacia la democracia.