El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha castigado a la industria azucarera de Nicaragua, dejándola fuera “en la repartición de cuota de importación de azúcar correspondiente al año fiscal 2023”.
La medida supuestamente es una sanción al régimen de Daniel Ortega. Pero la verdad es que con eso no se castiga al régimen, pues la industria azucarera de Nicaragua ni siquiera es estatal. Es una actividad productiva de la empresa privada, que según información de LA PRENSA contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera empleos directos e indirectos para más de 150 mil personas.
De manera que no solo los cuatro grandes ingenios azucareros del país: el San Antonio, del grupo empresarial Pellas; Monterrosa, del grupo Pantaleón; Montelimar y Casur, que es una inversión colombiana, serán perjudicados por la sanción estadounidense.
También y sobre todo serán afectados directamente, de manera negativa, unos 800 productores independientes “que aportan casi un 50 por ciento de la caña de azúcar que se procesa en los ingenios”. Así lo informaron en un comunicado conjunto el Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua (CNPA) y la Asociación de Productores Privados de Caña de Azúcar de Occidente (Aprico).
Se dice que “solo” 22 mil toneladas de azúcar, de la producción total de 800 mil, quedarán fuera de la cuota de venta en el exterior. Pero es bastante. Y aunque ese azúcar se pudiera vender fuera de la cuota, esto no será fácil ni se podrá hacer a precios favorables. Además, a esas 22 mil toneladas de azúcar hay que agregar las 60 mil que se dejaron de vender a Taiwán, por la abrupta ruptura de relaciones y cancelación del tratado comercial decretada por Ortega.
Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), declaró a LA PRENSA que es grave el golpe a los pequeños y medianos productores que siembran caña de azúcar. “Ellos reciben el 54 por ciento de las ventas de Nicaragua, entonces, si la industria pierde nueve millones de dólares… ellos perderán 54 por ciento de ese dinero”, explicó Amador.
EE. UU., que compra el 41 por ciento del azúcar de Nicaragua, ya había castigado a esta industria de la empresa privada, al excluirla en abril pasado del proceso de reasignación de excedente de cuota para el año fiscal 2022.
Al respecto, en febrero anterior la agencia de prensa internacional AP, informó que un funcionario estadounidense le declaró bajo condición de anonimato, que el gobierno de Biden tenía puesta la mira en los ingenios azucareros de Nicaragua para sancionar a los empresarios privados. De esa manera —dijo el funcionario gringo a la AP—, los empresarios y Carlos Pellas personalmente se decidirían a actuar contra el régimen orteguista.
Pero eso es un disparate. No se puede obligar a la empresa privada ni a ninguna persona en particular, sea o no del sector empresarial, a ser activista político contra ningún gobierno. La participación en política es una opción personal de cada quien, es parte de la inalienable libertad individual.
Por otra parte, se sabe muy bien que las sanciones externas, económicas o políticas, no cambian gobiernos, ni siquiera persuaden a ningún gobernante autoritario a cambiar de actitud. Y sancionando a la empresa privada se daña al país, a los empresarios y a toda la gente que trabaja en ese sector fundamental de la economía nacional, el único que crea riqueza y el que genera más y mejor empleo.
Desde que en el año 433 antes de Cristo, Atenas le impuso a la ciudad de Megara la primera sanción económica de la historia, ningún gobierno cayó ni cambió por eso. Pero las economías de los países sancionados fueron arruinadas y sus pueblos inocentes pagaron las consecuencias.
