Diferentes sectores, como madres de asesinados en el contexto de las protestas a partir de 2018, estudiantes y defensores de derechos humanos, denunciaron que en Nicaragua «nada está normal» porque se mantienen las violaciones a los derechos fundamentales, por lo que repudiaron la persecución contra la Iglesia católica y pidieron la liberación de más de 190 presos políticos.
«Repudiamos la privación de la libertad arbitraria e inconstitucional en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, sacerdotes y laicos a quienes la Policía al servicio del régimen Ortega Murillo les impide salir de la Diócesis arzobispal matagalpina», indica el comunicado conjunto.
Víctor Manuel Pérez, de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denunció el cierre de medios de comunicación realizado por Telcor, sobre todo de Matagalpa, como Radio Voz, que promovía y defendía los derechos de las mujeres.
Asimismo solicitaron la liberación de los presos políticos, sobre todo los jóvenes, como Samantha Jirón, quien estuvo en el exilio y a su regreso a Nicaragua fue secuestrada por personas vestidas de civil.
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca +, indicó que están monitoreando a personas en el exilio y a las que sufren violaciones a sus derechos fundamentales en suelo nicaragüense.
«Estamos documentando virtualmente a personas en Nicaragua. Incluso a las que tienen en estado de sitio con el tema de la Iglesia católica. Han estado citando a personas en la Policía, ya hemos documentado a personas que fueron citadas. Uno puede concluir que están empujando para que la gente abandone el país», indicó Carrión.
Destacan que se ha desatado una persecución a obispos y sacerdotes que no han dejado de enviar mensajes de compromiso con los oprimidos.
En el caso de monseñor Álvarez advierte que «la maquinaria de represión ya está activada», «inventando hechos y delitos».
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Sobre el delito de «lesa espiritualidad», Carrión aclaró que el único delito que se ha cometido grave en Nicaragua es el de lesa humanidad que está en la impunidad. «Lo que están haciendo con los sacerdotes y quienes le acompañan también son crímenes de lesa humanidad por ser persecuciones sistemáticas, detenciones arbitrarias, al igual que las casi 200 personas presas políticas», afirmó.
«Quienes acusan al obispo Álvarez de crimen de lesa espiritualidad son los que están pendientes de pagar por los crímenes de lesa humanidad», agregó.
Defensores de derechos humanos advirtieron del incremento en actos de violencia contra las mujeres, entre ellos los causados por los paramilitares.