El jueves 11 de agosto, después de trece meses que los presidentes centroamericanos no habían podido designar al nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), aceptaron al candidato del régimen de Nicaragua, Werner Vargas.
Esto fue presentado oficialmente, e inclusive por algunos medios independientes, como un triunfo político de Daniel Ortega. Pero no es tan así.
En primer lugar, de acuerdo con la regla de rotación de ese cargo establecida por los gobernantes centroamericanos, esta vez le corresponde ejercerlo durante cuatro años a una persona de Nicaragua, por supuesto que nominada por el presidente del país que en este caso es Ortega.
Debido a que el régimen de Ortega es acusado internacionalmente por apartarse de la democracia y violación grave a los derechos humanos, fueron rechazadas tres propuestas consecutivas para nuevo secretario general del SICA, presentadas por Ortega. Además, los propuestos por el gobernante nicaragüense eran claramente sus fichas políticas, no personas calificadas para desempeñar el alto cargo subregional.
La designación del nuevo secretario general del SICA se atrasó por más de un año, causando alguna perturbación en el funcionamiento de los mecanismos de la integración centroamericana. Hasta que por fin todos los presidentes centroamericanos aceptaron al nicaragüense Vargas, de quien se dice que reúne los requisitos profesionales y técnicos que requiere el cargo; y el cual, aunque haya sido propuesto por Ortega, no necesariamente es un agente político suyo, como los anteriores candidatos.
Cabe recordar que el jefe de Estado que había bloqueado la designación del nuevo secretario general del SICA era Carlos Alvarado, de Costa Rica. Lo cual se comprende porque se trata de la democracia más consistente y avanzada del área centroamericana, de manera que la mayor objeción que ponía Alvarado era precisamente la falta de legitimidad democrática del régimen de Nicaragua.
La situación cambió al ser elegido en Costa Rica un presidente igualmente democrático, pero más “pragmático”, Rodrigo Chaves, quien arguyó que la falta de un secretario general del SICA tenía estancados 153 millones de dólares destinados a Centroamérica; y que además el candidato Werner Vargas es un técnico, no una ficha política de Ortega.
Chaves rechazó la petición que le hicieron en julio pasado 8 expresidentes de Costa Rica, de que no aceptara a ningún candidato de Ortega porque su régimen no es democrático y, por tanto, no se ajusta a los requerimientos del SICA. La expresidenta Laura Chinchilla dijo además en su cuenta de Twitter, que entregar la Secretaría General del SICA a Nicaragua “es dar una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y que ha aplaudido el horror de Rusia en Ucrania”.
En realidad, la declaración de Principios del SICA establece como primero de sus nueve puntos, que “la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana”.
También el primero de los diez puntos de la declaración de Propósitos del SICA es: “Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos”.
Pero es obvio que en la práctica el pragmatismo político y el interés monetario están sobre los principios y los propósitos declarados.