14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.

La confiscación de Prisa y la experiencia nefasta

No está claro qué es lo que ha pasado jurídicamente con el negocio de empeños Prisa, cuyas 38 sucursales fueron allanadas y ocupadas por la Policía. Lo mismo ha ocurrido con una joyería del mismo propietario.

Lo único claro y cierto en este caso es que el dueño de Prisa y la joyería, el ciudadano de doble nacionalidad —nicaragüense y mexicana—, Mario Hurtado Jiménez, ha sido despojado de su empresa y propiedad.

     No es la primera vez que en los últimos años ocurre una confiscación no declarada en Nicaragua, a pesar de que está prohibida por la Constitución Política. Esta determina de manera categórica en su artículo 44: “Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción… Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

Esta prohibición de la confiscación fue establecida en la Constitución por la reforma constitucional de 1995, cuando en Nicaragua se desarrollaba un proceso de transición democrática bajo la presidencia de la República de doña Violeta Barrios de Chamorro.

La prohibición constitucional de la confiscación se estableció ante todo porque en una democracia con su complemento del Estado de derecho, no es admisible confiscar la propiedad privada, solo se puede expropiar en caso de comprobada necesidad y mediante justa indemnización. Pero además, fue prohibida por la experiencia de las confiscaciones de la revolución sandinista de los años ochenta, que arruinaron a los propietarios confiscados y a toda la población por el daño terrible que causaron a la economía nacional.

Sin embargo, desde 2018 cuando ocurrió la rebelión popular que fue violentamente reprimida y derrotada por el régimen, las confiscaciones volvieron a ocurrir, a pesar de la prohibición constitucional. Y continúan ocurriendo.

Mario Hurtado Jiménez, el dueño de la empresa de empeños Prisa, fue sandinista hasta 1998 cuando se pasó al bando del liberalismo. Por su dominio del humor político fue colaborador del suplemento humorístico de LA PRENSA, El Azote, en el cual participaba con el pseudónimo de Pocholo. Pero también con su propio nombre escribía artículos políticos para la sección de Opinión.

En 2006, Mario Hurtado Jiménez se destacó por sus esfuerzos para que los dos bandos del liberalismo se unieran alrededor de una sola candidatura presidencial, la de Eduardo Montealegre o la de José Rizo, a fin de impedir el triunfo electoral de Daniel Ortega.

Igualmente personalidades internacionales vinieron al país para hacer el mismo esfuerzo, pero fue en vano. Ortega ganó con el 38 por ciento de los votos, mientras los dos candidatos liberales sumaron 55.21 por ciento. Y con el 6.44 por ciento que votó por  Edmundo Jarquín, candidato de izquierda moderada del MRS, la votación total de ciudadanos opuestos al regreso de Ortega al poder fue de 61.65 por ciento. Cuando ocurren hechos como la confiscación de Prisa es bueno recordar experiencias de errores históricos, como las elecciones de 2006. Y por si acaso pueda servir en el futuro.

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí