El abogado cubano Alain Espinosa es categórico al señalar como origen de los métodos de tortura en Nicaragua y Venezuela a la dictadura castrista.
“Todo lo que está pasando responde a un patrón del gobierno cubano y exportado por la dictadura. No es un secreto para nadie la influencia en el régimen sandinista y ahora en el chavismo”, dice vía telefónica desde Argentina.
Este señalamiento también es apoyado por el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, quien ha recibido denuncias por parte de excarcelados políticos que señalan que sus torturadores “hablaban como cubanos”.
¿En qué se parecen los métodos de tortura en contra de presos políticos en estos tres países? Es una pregunta amplia y que da para muchos estudios, reportajes e informes, pero quizás es más fácil de entender a través de los testimonios de presos políticos que lo han sufrido.
“Todo es un circo”
Al momento de atender mi llamada desde la provincia cubana de Santa Clara, Carlos Morales me advierte que su ciudad está en medio de un apagón y que su teléfono se puede quedar sin batería en cualquier momento.
Tiene 48 años y es periodista independiente, actualmente se encuentra en un régimen de casa por cárcel, luego de pasar más de dos años tras las rejas.
Todo comenzó con las protestas en julio de 2021. Según periodistas cubanos y organismos de derechos humanos fueron las protestas más grandes en Cuba desde 1994.
Carlos salió a reportar las manifestaciones, pero su viejo celular no aguantó mucho tiempo y se apagó.
“Mi teléfono ya no funcionaba y decidí manifestarme como un ciudadano más exigiendo libertad, manifestándome contra el racionamiento y escasez de comida y medicamentos”, recuerda.
El 12 de julio varios policías y miembros de las brigadas especiales llegaron a su vivienda para llevárselo detenido. Morales logró salir por una ventana y subirse al techo de la casa de su vecino y desde ahí gritar pidiendo ayuda: “¡Me llevan detenido por manifestarme pacíficamente!”
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Con violencia fue conducido a la estación policial de “la Pendiente” de Santa Clara, la “más represiva de la provincia”, según sus palabras.
“Los guardias son corruptos, te golpean sin ninguna razón, hay trato preferencial con las personas que tienen algo de dinero. Las golpizas son constantes, los malos tratos degradantes son fuertes, te linchan, te dejan inflamados los ojos y lleno de moretones”, recuerda.
Fue acusado del delito de “desorden público” y condenado a dos años y 10 meses de prisión.
“El juicio fue toda una manipulación. La Fiscalía presentó testigos falsos. Cuando el juez les preguntaba, se notaba que todo era mentira. Los argumentos de los abogados defensores son desestimados, la sentencia está dicha desde antes de comenzar el juicio. Todo fue un circo barato”, dijo antes de quedarse sin señal telefónica.
Diez minutos después regresó la llamada. “Me moví donde un vecino que tiene mejor señal y hay menos ruido”.
A Carlos Morales lo cambiaron de prisión varias veces. Estuvo en celdas de castigo pequeñas, oscuras y fétidas. Su única compañía eran ratones y cucarachas. Le negaban recibir visitas y las golpizas eran cada vez más fuertes, así que comenzó una huelga de hambre que casi le cuesta la vida.
Fue excarcelado en mayo de 2024 y actualmente su condena de casa por cárcel está “congelada”.
“Las autoridades me dijeron que mientras no comience a trabajar con una empresa del Estado yo voy a seguir en el régimen de casa por cárcel. Se supone que mi condena se termina en diciembre, pero ya me amenazaron con que no voy a salir, pero yo voy a…”, de nuevo se cortó la comunicación.
17 días
A Carlos Ramírez lo detuvieron el 15 de mayo de 2017. Estaba participando en un plantón cuando llegaron 17 motos de la Guardia Nacional de Venezuela.
Lo llevaron a varias estaciones policiales en el Estado de Mérida, donde varias veces lo desnudaron y lo golpearon. Luego de una de esas golpizas le regresaron su ropa oliendo a gasolina y pólvora. Luego sería acusado de asesinato.
Antes de eso, llamaron a un médico forense que dictaminó que Carlos estaba en perfectas condiciones y no había sido golpeado. Lo encapucharon y se lo llevaron con destino desconocido.
El defensor de derechos humanos y sociólogo, Rafael Uzcátegui, señala que la práctica de la desaparición forzada es algo común del régimen de Venezuela.
“Usualmente las primeras 72 horas se desconoce el paradero de las personas detenidas”, dijo a LA PRENSA.
Sobre el rosario de violaciones a los derechos humanos que “unen” a las dictaduras chavista y sandinista con la castrista, señala las siguientes:
“Se han practicado torturas aplicando choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, asfixia con bolsas plásticas, les meten la cabeza en agua, los han colgado de las extremidades, los han golpeado con objetos contundentes, algunos incluso forrados de tela para no dejar marcas. Los amenazan con agresiones sexuales o los ponen a escuchar cómo torturan a otra persona. En el caso de Venezuela, todo esto está recogido en los informes de la misión de determinación”, señala.
A Carlos Ramírez le quisieron montar un juicio ante un tribunal militar. Él se negó y pidió ver a su abogado. Lo montaron encapuchado en un avión del Ejército y lo trasladaron con todo y el tribunal a unos 600 kilómetros de Mérida hasta el Estado Lara.
“Ahí me quitaron la capucha. Estaba todo el tribunal militar y me dijeron que tenía 30 minutos para que mi abogado se presentara”, recuerda.
Obviamente su abogado nunca llegó. Pasó los siguientes 17 días, esposado con las manos hacia atrás, encapuchado y tirado en el pasillo de un cuartel.
“Solo me quitaban la capucha para comer, me golpearon, me humillaron. Un día esposado me pusieron la comida en el suelo y me obligaron a comer como un perro”.
Durante esos 17 días orinaba en una botella y solo podía tomar agua una vez al día. 17 días sin bañarse, siendo interrogado y golpeado a diario. Aunque los golpes le hicieron mucho daño físico, algo que nunca va a olvidar fue el día que torturaron a alguien a su lado.
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“Un día así encapuchado pusieron a mi lado a una persona y la torturan. A mí no me hicieron nada. Pero a ese hombre lo golpearon, lo orinaron, lo escupieron, le aplicaron descargas eléctricas. Casi lo matan”.
Los siguientes días las descargas eléctricas fueron para él. Lo golpearon cada vez más, hasta que lo sacaron de esa oficina de inteligencia y lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad.
Ahí lo rapaban todas las semanas y vio cómo a los presos comunes los trataban mucho mejor que a los presos políticos. Así pasó seis meses, hasta que lo llevaron a juicio. Sus abogados y la gente en las calles presionaron, hasta que finalmente desestimaron los delitos graves y fue declarado inocente.
Cuba, el origen
La isla lleva más de medio siglo bajo la dictadura comunista de los hermanos Castro. En el presente, persisten los métodos de tortura de tiempos de la extinta Unión Soviética.
Los presos políticos— según Alain Espinoza— denuncian una serie de tratos fuera de lo común. “Cuentan que es como si los quisieran volver locos. Los aíslan de la luz, les dan la cena en el día y el almuerzo en la noche, al poco les vuelven a dar de comer. Es como si quisieran que pierdan la noción del tiempo”.
Los lazos entre Cuba y Nicaragua vienen de tiempos de la formación de la guerrilla del Frente Sandinista en los años 70 y se extendió durante todos los años 80, y al ser derrotado Daniel Ortega por Violeta Barrios de Chamorro, este vínculo no se rompió, pese al retorno de la democracia en Nicaragua.
“Los métodos de tortura en Venezuela y Nicaragua, si bien son adaptados a los diferentes lugares, tienen una sola base en común y es el entramado represivo creado por Cuba. El laboratorio central de todas estas técnicas de tortura es Villa Marista, este es el órgano de instrucción de los delitos de la seguridad del Estado”, concluye Espinosa.
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El doctor Uriel Pineda señala que una de las principales similitudes entre estas tres dictaduras es que son de naturaleza autoritaria y por ende el respeto a los derechos humanos no puede existir.
Derechos frente a regímenes autocráticos
Según el abogado, los derechos humanos pierden su eficacia al existir estos regímenes autoritarios que se evidencia desde los mismos actos de detención que usan estas dictaduras.
“Hay una vulneración que parte de la legalidad misma de la detención. Sin órdenes, y sin la posibilidad de interponer un habeas corpus. Hay un colapso de la institucionalidad, no hay garantías de seguridad ni para los mismos abogados defensores”, sostiene el defensor de derechos humanos.
Asimismo señala la implementación de una serie de medidas para mantener en una situación “jurídica indefinida” a los presos políticos por un largo periodo de tiempo. Entre estas medias está la obstaculización del derecho a la defensa.
El Chipote
Lo detuvieron en una casa de seguridad en el barrio San Judas, de Managua. Cuando los paramilitares entraron, apenas pudo enviar un mensaje a sus contactos alertando de su secuestro. Alex Hernández, de 34 años, participó en las protestas de abril de 2018. El 23 de septiembre de ese año fue llevado a la cárcel más temida de Nicaragua: el Chipote.
“Llegué con miedo. Habíamos escuchado las terribles historias de las torturas ahí dentro”, cuenta desde su destierro en Estados Unidos.
Tras golpearlo e interrogarlo lo desnudaron y lo llevaron a las celdas.
“Es un lugar oscuro. Se oyen gritos, chiflidos, eso es lúgubre. El aire es pesado. El olor es terrible, huele mal, se huele el miedo de la persona presa. Me quitaron la ropa y me metieron en una celda con tres presos más”, recuerda.
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Pasó 31 días en aquella celda de poco más de dos metros cuadrados, sin luz, donde diario les hacían requisas, aunque no hubiera nada adentro y ellos estuvieran siempre desnudos.
Los interrogatorios eran crueles. Recuerda a un oficial que siempre que lo interrogaba hacía la misma rutina. Estando esposado le daba un golpe en el estómago tan fuerte que lo hacía caerse, y ya estando en el suelo el policía le pateaba los testículos. Esta rutina duró diez días.
“No me gusta comparar nada, pero sí hubo presos que les fue peor. Descargas eléctricas, les arrancaban las uñas. Un día miré a un preso político que lo devolvieron a la celda con la cara desfigurada porque lo habían golpeado entre dos policías”, relató.
Lo acusaron de delitos de sangre y según cuenta su juicio fue “burdo y ausente de razón y de lógica”. Nunca lograron demostrar que había asesinado a otra persona. Durante este proceso fue trasladado al Sistema Penitenciario La Modelo, y en un hecho sorpresivo, el juez al no tener testigos ni pruebas en su contra lo declaró inocente, pero la orden de libertad jamás llegó a la cárcel.
Finalmente, en marzo de 2019 fue excarcelado. Recuerda la sensación que tuvo en ese momento.
“Fue una sensación horrible porque no quería dejar a nadie, al mismo tiempo de alegría por salir”, lo dejaron tirado en la entrada de su pueblo.
Posteriormente fue detenido de nuevo y encarcelado. Pero por alguna razón asegura que siente que perdió mucho más a nivel emocional y físico. Finalmente, en febrero de 2023 fue desterrado del país y despojado de su nacionalidad.